El Congreso de la Ciudad de México condenó públicamente los hechos violentos ocurridos en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, así como el feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar en la capital del país. El posicionamiento, emitido en sesión ordinaria, incluyó un llamado a las autoridades para realizar investigaciones exhaustivas y garantizar el acceso a la justicia.
Durante la sesión, el presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma Suárez, expresó la postura institucional del órgano legislativo, señalando que ambos hechos reflejan problemáticas de seguridad que requieren atención inmediata y coordinación intergubernamental. Subrayó la necesidad de esclarecer los sucesos con celeridad y sancionar a los responsables conforme a la ley.
El legislador manifestó que el presunto feminicidio de Edith Guadalupe representa un hecho que “indigna y duele como sociedad”, al tiempo que condenó los acontecimientos violentos registrados el 20 de abril en Teotihuacán, los cuales han generado preocupación por la seguridad en espacios turísticos y patrimoniales.
Como acto simbólico, el Pleno del Congreso guardó un minuto de silencio en memoria de la víctima de feminicidio y de las personas afectadas por los hechos en la zona arqueológica. Este gesto, de carácter institucional, buscó visibilizar la gravedad de la violencia y el impacto social de estos घटनos.
El posicionamiento incluyó también un mensaje de solidaridad hacia familiares, amistades y personas cercanas a las víctimas. El Congreso reiteró su acompañamiento en la exigencia de justicia, en un contexto donde los casos de violencia de género continúan siendo una preocupación persistente en la capital y el país.
En su intervención, Sesma Suárez enfatizó que la violencia no debe normalizarse bajo ninguna circunstancia, e instó a las autoridades de los distintos órdenes de gobierno a reforzar las estrategias de prevención, atención y erradicación de estos delitos. La declaración se alinea con los llamados reiterados de organismos públicos a fortalecer políticas integrales de seguridad y justicia.
De acuerdo con información institucional del propio Congreso capitalino, el pronunciamiento forma parte de las acciones de seguimiento a temas de alto impacto social, particularmente aquellos relacionados con violencia de género y seguridad pública. Asimismo, se espera que las investigaciones sean conducidas por instancias competentes como la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y autoridades del Estado de México.
Este posicionamiento ocurre en un contexto de exigencia social por mayor eficacia en la procuración de justicia y en la implementación de políticas públicas que garanticen la seguridad de la población, especialmente en casos que involucran violencia extrema y espacios de alto valor cultural.
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