Una manifestación de integrantes de la Asamblea de Barrios frente al Congreso de la Ciudad de México derivó en empujones, daños materiales y un intento de irrupción forzada al recinto legislativo, lo que obligó a suspender —o poner en receso— la sesión mientras se resguardaba a legisladores y personal administrativo.
Los hechos ocurrieron en la calle Donceles, en el Centro Histórico, donde los manifestantes se congregaron para exigir soluciones a demandas de vivienda. De acuerdo con reportes institucionales y cobertura periodística, la protesta escaló cuando un grupo intentó ingresar por la fuerza al inmueble, generando momentos de tensión en los accesos principales.
Personal de seguridad del Congreso activó protocolos internos para contener el avance, lo que incluyó el uso de extintores como medida disuasiva. En paralelo, diputadas y trabajadores fueron replegados a zonas seguras del edificio, mientras la sesión en curso quedó interrumpida ante el riesgo para la integridad de los presentes.
Informes preliminares refieren daños materiales, entre ellos cristales rotos y afectaciones en accesos, así como lesiones menores tanto en trabajadores del recinto como en algunas manifestantes. Hasta el momento, no se reportan heridos de gravedad, según comunicados difundidos por áreas administrativas del Congreso.
En el plano político, la jornada evidenció fallas en los canales de interlocución. Legisladoras de distintas bancadas señalaron que existieron intentos de diálogo previos con representantes del movimiento; sin embargo, estos no prosperaron y la situación derivó en confrontaciones y acusaciones cruzadas sobre agresiones y falta de respuesta institucional.
Por su parte, autoridades capitalinas, a través de instancias como la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, reiteraron la disposición al diálogo y llamaron a privilegiar las vías institucionales para atender las demandas sociales, en particular las relacionadas con el acceso a vivienda digna.
El episodio se inscribe en un contexto de presión creciente sobre la agenda de vivienda en la capital, donde organizaciones sociales han intensificado movilizaciones para exigir regularización, acceso a suelo y programas habitacionales. Analistas advierten que la falta de acuerdos sostenidos puede derivar en escenarios de mayor conflictividad.
Finalmente, el Congreso local informó que se evaluarán los daños y se revisarán los protocolos de seguridad, al tiempo que se buscará reanudar los trabajos legislativos en condiciones de normalidad. El desarrollo de los hechos y sus implicaciones políticas permanecen bajo seguimiento de autoridades y organizaciones civiles.
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