La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, formalizó su oposición a la propuesta del Comité de Transparencia que busca reservar por un periodo de cinco años la totalidad de la documentación del proceso de selección de tres consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE). El dictamen sujeto a debate pretende clasificar archivos digitales y físicos de las evaluaciones, puntajes e informes de los aspirantes que participaron en el último concurso público de designación.
A través de un pronunciamiento oficial remitido al Comité de Transparencia de San Lázaro, la legisladora argumentó que ocultar los expedientes bloquea el acceso a un expediente que impacta directamente en la estructura del árbitro electoral mexicano. El proceso de selección concluyó semanas atrás, dejando bajo resguardo parlamentario las carpetas técnicas y los resultados de las evaluaciones que ahora se discute clasificar como información reservada.
El documento remitido por la presidencia de la Mesa Directiva detalla que el derecho a la información es una herramienta obligatoria para que los ciudadanos auditen las decisiones del Poder Legislativo. La reserva absoluta por 60 meses invalidaría el principio de máxima publicidad en una de las convocatorias con mayor presupuesto y horas de comparecencia asignadas en el actual periodo ordinario de sesiones.
Los datos estadísticos del proceso señalan que la documentación en disputa comprende las calificaciones individuales de decenas de aspirantes, actas de las entrevistas presenciales y los reportes emitidos por el Comité Técnico de Evaluación. Estos insumos constituyen la evidencia material que justificó la elegibilidad de las tres personas elegidas para ocupar los asientos disponibles dentro del Consejo General del INE.
López Rabadán especificó en su posicionamiento que los marcos legales vigentes en el país contemplan mecanismos técnicos alternos, como la elaboración de versiones públicas, para no clausurar el acceso total a los expedientes. Con esta modalidad, el personal administrativo de la Cámara puede testar nombres de terceros o datos biométricos específicos sin la necesidad de ocultar el grueso de las deliberaciones.
La negativa institucional busca impedir que se siente un precedente administrativo donde las designaciones de altos funcionarios públicos se mantengan fuera del alcance del escrutinio civil durante más de una legislatura completa. De aprobarse la reserva de cinco años, los archivos del proceso de selección del INE permanecerían bajo llave hasta la siguiente década, limitando las auditorías externas.
El pronunciamiento concluye señalando que la fiscalización ciudadana de las actas de evaluación mejora de forma directa las prácticas legislativas futuras y reduce los márgenes de discrecionalidad en los nombramientos. La Mesa Directiva instó al Comité de Transparencia a revisar el dictamen y apegarse a los criterios de apertura que demanda la administración de recursos públicos y políticos en el Estado mexicano.
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