Por Juan Pablo Ojeda
La seguridad en los enclaves turísticos de México está bajo un intenso escrutinio tras el tiroteo en la zona arqueológica de Teotihuacán que dejó un saldo de dos muertos y 13 heridos. El líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, exigió responsabilidades al partido gobernante, Morena, calificando la falta de protocolos de acceso como una «incompetencia» que ha vulnerado la seguridad de turistas nacionales y extranjeros en un sitio histórico de relevancia mundial.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que no existían medidas de seguridad como arcos detectores de metales por la naturaleza recreativa de los sitios arqueológicos. Sin embargo, admitió la necesidad de un giro drástico en la estrategia de seguridad pública. El anuncio de la instalación de equipo de rayos X y vigilancia permanente en redes sociales marca el reconocimiento de una realidad que el Estado ya no puede ignorar tras la incursión armada de Julio César Jasso Ramírez.
El cuestionamiento de Moreno Cárdenas apunta directamente a la efectividad de las instituciones encargadas de la Mesa de Paz y la coordinación del Gabinete de Seguridad. «México no puede seguir normalizando tragedias que se pudieron evitar», declaró el legislador, enfatizando que la imagen de México ante la comunidad internacional se deteriora cada vez que un espacio público se convierte en una escena del crimen, especialmente ante la cercanía del Mundial 2026.
La respuesta gubernamental se ha enfocado en intentar blindar los recintos culturales. No obstante, para los críticos, la implementación tardía de estas medidas después de la pérdida de vidas humanas, incluyendo la de una ciudadana canadiense, es insuficiente para resarcir la desconfianza pública. La FGR continúa con las investigaciones para deslindar responsabilidades sobre el acceso del agresor a la zona arqueológica.
Mientras el Gobierno Federal asegura que el país es seguro para recibir el evento futbolístico más importante del mundo en junio próximo, la oposición insiste en la falta de previsión. La gestión de la seguridad durante la inauguración del Mundial 2026 en la capital ahora enfrenta un estándar de exigencia mucho más alto, donde cada falla en los protocolos de acceso será observada por la prensa y las delegaciones internacionales.
El despliegue de seguridad en todas las zonas arqueológicas nacionales será supervisado por el INAH en conjunto con fuerzas federales. Este cambio administrativo y operativo busca contener la presión política que exige una rendición de cuentas clara sobre cómo un individuo con un arma de fuego pudo penetrar un perímetro protegido, causando bajas entre turistas de múltiples nacionalidades.
El caso de Teotihuacán ha dejado expuesta la vulnerabilidad del sistema de seguridad en áreas que no estaban diseñadas para ser fortalezas militares, pero que ahora, por imperativo de la crisis, deberán serlo. La FGR tiene la última palabra sobre las investigaciones en curso, mientras el Gobierno Federal intenta apaciguar las críticas de los sectores sociales que demandan un entorno libre de violencia en cualquier rincón del país.
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