Ciudad de México, 29 de abril de 2026. A casi dos décadas de la despenalización del aborto hasta las 12 semanas, organizaciones feministas y de derechos humanos advierten que la Código Penal de la Ciudad de México aún tipifica esta práctica como delito, lo que consideran una contradicción jurídica frente a su acceso legal y gratuito en el sistema de salud capitalino.
La discusión fue retomada por la agenda pública a partir de una publicación del diario La Jornada, que documenta la exigencia de colectivos para eliminar por completo el aborto del marco penal local, bajo el argumento de que persiste una “deuda histórica” desde la reforma de 2007.
El concepto de “deuda histórica” alude a que, pese a que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó en 2007 la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas, el delito no ha sido eliminado del texto normativo. Esta situación genera una brecha entre la ley vigente y los criterios judiciales posteriores, que han fortalecido el derecho a decidir.
En particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la criminalización absoluta del aborto es inconstitucional, sentando precedentes obligatorios que reconocen la autonomía reproductiva. Sin embargo, dichos criterios no han sido plenamente armonizados en la legislación penal de la capital.
Especialistas señalan que mantener el aborto como delito en el Código Penal implica riesgos de criminalización, aun cuando en la práctica se brinde como un servicio de salud en instituciones públicas de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Subrayan que ningún otro procedimiento médico está tipificado como ilícito en condiciones similares.
Además, datos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México muestran que, a lo largo de los años, se han iniciado miles de carpetas de investigación relacionadas con el delito de aborto, lo que refuerza la preocupación de colectivos sobre la persistencia de mecanismos de persecución penal.
En el ámbito legislativo, el Congreso de la Ciudad de México ha recibido diversas iniciativas para eliminar el delito de aborto del Código Penal. No obstante, los dictámenes han sido pospuestos o devueltos a comisiones, sin que hasta ahora se concrete una votación en el pleno.
Activistas consideran que la actual legislatura tiene la oportunidad de cerrar esta brecha normativa y consolidar a la capital como referente nacional en derechos reproductivos. De aprobarse la reforma, la Ciudad de México no solo mantendría su liderazgo en la despenalización, sino que avanzaría hacia la eliminación total del aborto del ámbito penal.
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