Por Juan Pablo Ojeda
La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, presentó formalmente un punto de acuerdo ante el Senado de la República demandando la renuncia inmediata del secretario de Economía, Marcelo Ebrard. La petición surge tras documentarse que el hijo del funcionario, Marcelo Patrick Ebrard Ramos, habitó la residencia oficial de la embajada de México en Londres durante un periodo de seis meses entre 2021 y 2022.
El documento presentado por Téllez califica la estancia como un uso indebido de atribuciones y abuso de poder. La senadora argumenta que el alojamiento, el cual incluyó servicios de limpieza, alimentación y mantenimiento, fue cubierto con recursos públicos, lo que constituiría una violación directa a la ética y las normas de transparencia del servicio exterior mexicano.
La propuesta legislativa exhorta a la Fiscalía General de la República (FGR) a iniciar carpetas de investigación por posibles delitos de peculado y abuso de autoridad contra la exembajadora Josefa González Blanco, así como por tráfico de influencias contra el secretario Ebrard. Asimismo, se solicita la intervención de la Secretaría Anticorrupción para determinar faltas administrativas graves, con la inhabilitación como posible sanción.
Por su parte, Marcelo Ebrard ha negado la existencia de irregularidades. El secretario defendió la decisión argumentando razones de fuerza mayor derivadas de la pandemia de Covid-19, afirmando que su principal motivación fue la seguridad y salud de su hijo. Ebrard sostuvo que fue la entonces embajadora González Blanco quien ofreció el alojamiento de manera voluntaria.
La controversia escaló al plano institucional con la exigencia de Téllez de que la Secretaría de Relaciones Exteriores presente un informe detallado sobre las normativas que rigen el uso de inmuebles diplomáticos. La senadora fijó un plazo de 72 horas para la renuncia del secretario, planteando la intervención del Poder Ejecutivo en caso de omisión.
El debate jurídico se centra ahora en si la aceptación de hospitalidad en una residencia oficial, aun bajo condiciones personales, vulnera el reglamento de la SRE. Los expertos en administración pública coinciden en que el caso pone de relieve la necesidad de una reglamentación más estricta sobre el uso de recursos diplomáticos en contextos no oficiales.
El Senado de la República deberá determinar la viabilidad de la propuesta y si se integrarán las comisiones necesarias para vigilar el cumplimiento de las normas de integridad pública. La defensa de Ebrard, apelando a la esfera privada y al bienestar familiar, contrasta con el rigor de las exigencias legislativas presentadas por la oposición.
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