Por Juan Pablo Ojeda
El Partido Acción Nacional (PAN) ha formalizado una doble ofensiva legal contra el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, y la exembajadora Josefa González Blanco, tras revelarse el uso de la residencia oficial de México en el Reino Unido para el alojamiento del hijo del entonces canciller. La denuncia, presentada este 20 de abril de 2026 por el diputado Marcelo Torres Cofiño, busca fincar responsabilidades por presuntos delitos que incluyen ejercicio ilícito del servicio público y peculado.
La investigación detalla que Marcelo Patrick Ebrard Ramos residió en la sede diplomática ubicada en Belgrave Square, Londres, durante un periodo de seis meses, entre octubre de 2021 y abril de 2022. El inmueble, destinado exclusivamente a funciones oficiales del Estado mexicano, habría servido como vivienda para el hijo del funcionario mientras realizaba estudios de posgrado, contando con servicios de limpieza, lavandería y alimentación a cargo del personal de la embajada.
Desde el punto de vista del costo de oportunidad y uso de recursos, la estancia en una zona de alta plusvalía como Belgrave Square implica un ahorro privado considerable. Estimaciones de mercado indican que la renta mensual de un espacio con características similares en dicha área londinense oscila entre los 80,000 y 115,000 pesos mexicanos. El PAN sostiene que este beneficio constituye un uso indebido de patrimonio público destinado a la representación diplomática del país.
Ante la Fiscalía General de la República (FGR), los legisladores panistas solicitaron la comparecencia inmediata de los involucrados, así como el acceso a bitácoras de la Secretaría de Relaciones Exteriores y registros administrativos de la embajada en el Reino Unido. El objetivo es determinar la trazabilidad de los gastos operativos y el personal que atendió directamente al particular durante su estancia.
Paralelamente, la denuncia ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno se centra en faltas administrativas graves, señalando posibles casos de tráfico de influencias y abuso de funciones. La defensa del secretario Ebrard, quien confirmó la estancia durante su conferencia del 16 de abril, ha argumentado que el alojamiento fue resultado de una invitación personal de la embajadora González Blanco, una justificación que ahora deberá ser validada o refutada por las autoridades investigadoras.
El uso de inmuebles del Estado mexicano por parte de familiares de funcionarios públicos está estrictamente regulado por la normativa de servicio exterior. La bancada panista insiste en que, al tratarse de un edificio propiedad de la nación, su ocupación privada contraviene los principios de austeridad y legalidad que rigen el ejercicio del servicio público en México, independientemente de la naturaleza de la invitación.
Este caso abre una ventana crítica de rendición de cuentas que involucra a dos de las figuras centrales del gobierno anterior. La resolución de este expediente, que ya está en manos de la FGR y de la Secretaría Anticorrupción, servirá como parámetro para medir la independencia de las instituciones frente a personajes que ocupan cargos de alta responsabilidad en la administración económica del país.
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