Por Juan Pablo Ojeda
La administración de Donald Trump ha llevado la doctrina de presión máxima a su límite definitivo, condicionando la viabilidad del Estado iraní a la reapertura inmediata del Estrecho de Ormuz. El ultimátum, fijado para las 20:00 horas, amenaza con atacar objetivos de infraestructura civil, una táctica que eleva el escrutinio sobre los límites de la intervención militar estadounidense y el respeto a las convenciones internacionales que protegen bienes indispensables para la población civil.
La amenaza de destruir «puentes y centrales eléctricas» marca una escalada en la ofensiva iniciada hace un mes por Washington y Tel Aviv. Hasta el momento, las operaciones se habían centrado en la eliminación de blancos estratégicos y de liderazgo, resultando en la muerte del líder supremo Alí Jameneí y del alto mando militar. Expandir los bombardeos a la red eléctrica difumina la línea entre la neutralización militar y el castigo colectivo.
El presidente estadounidense justificó la inminencia del ataque bajo la premisa de haber logrado «un cambio de régimen completo y total». La asunción de Mojtabá Jameneí como sucesor de su padre ocurre bajo un asedio absoluto, enfrentando la disyuntiva de ceder el control de la vía marítima más importante de la región o presenciar el desmantelamiento físico de los servicios básicos de su nación.
Organizaciones no gubernamentales han documentado el alto costo humano de la reciente campaña militar. Los recuentos independientes señalan la muerte de miles de personas, incluyendo un porcentaje significativo de mujeres y niños. La advertencia presidencial de que «esta noche morirá toda una civilización» profundiza las alarmas humanitarias sobre el uso desproporcionado de la fuerza en la región.
En el ámbito de la rendición de cuentas diplomática, la Casa Blanca admite la existencia de una «propuesta de paz iraní». No obstante, la exigencia estadounidense es unidireccional: la inclusión innegociable de la libre circulación del petróleo. Al desechar los esfuerzos de Teherán por considerarlos insuficientes, la administración Trump asume la responsabilidad total de las consecuencias que deriven del vencimiento del plazo.
El discurso presidencial sobre el fin de «47 años de extorsión» revela que el objetivo estratégico de Estados Unidos trasciende la liberación comercial del estrecho. La paralización de Ormuz, ejecutada por Irán como represalia, ha sido utilizada por Washington como el catalizador final para intentar clausurar definitivamente el capítulo político inaugurado por la Revolución Islámica.
Si la orden de ataque se ejecuta a las 20:00 horas, la destrucción de plantas de energía sumirá a millones de ciudadanos en la oscuridad, desatando una crisis humanitaria predecible e inducida. La comunidad internacional observa cómo el poder ejecutivo estadounidense dicta los términos de supervivencia de un país entero desde la red social Truth Social.
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