Por Bruno Cortés
En la Cámara de Diputados se está cocinando un cambio que, aunque suena técnico, puede impactar directamente en cómo se construyen carreteras, hospitales o incluso proyectos de transporte en México. El diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo puso sobre la mesa una iniciativa para crear la llamada Ley de Inversiones Mixtas, con la idea de darle la vuelta al modelo actual de asociaciones público-privadas, que durante años ha sido la base para financiar grandes obras.
Para entenderlo fácil: hoy el gobierno muchas veces se asocia con empresas privadas para hacer infraestructura. El problema, según el legislador, es que ese modelo ha tenido fallas claras, como contratos poco flexibles, falta de transparencia y riesgos mal repartidos, donde en ocasiones el Estado termina absorbiendo más de lo que debería.
Lo que propone Delgado Carrillo no es solo cambiarle el nombre al esquema, sino rediseñarlo desde cero. La apuesta es que estos proyectos ya no se midan únicamente por si se construyen o no, sino por el impacto real que generan en la sociedad, es decir, si mejoran servicios, generan empleo o realmente benefician a la gente.
La iniciativa plantea que haya más vigilancia y apertura. Por ejemplo, incluir datos abiertos para que cualquier persona pueda revisar cómo se están usando los recursos, informes constantes al Congreso y consultas públicas obligatorias para que la ciudadanía tenga voz antes de que arranquen los proyectos. En pocas palabras, que no todo se decida en lo “oscurito”.
Otro punto clave es cómo se reparten los riesgos. En el modelo actual, muchas veces si algo sale mal, el gobierno termina pagando la factura. Con esta nueva propuesta, la idea es que cada parte —gobierno y empresas— asuma la responsabilidad que le corresponde, evitando que las finanzas públicas carguen con errores ajenos.
Además, se busca meterle más flexibilidad a los contratos para que puedan adaptarse a cambios económicos o sociales, algo que hoy no ocurre con facilidad. También se abre la puerta a la innovación, incluso vinculando a universidades y especialistas, con el objetivo de que los proyectos no solo sean viables, sino modernos y sostenibles.
Especialistas en temas financieros han respaldado la propuesta al señalar que este tipo de esquemas permite optimizar recursos y atraer inversión privada sin comprometer de más al Estado. En términos simples, se trata de gastar mejor, reducir riesgos y aumentar la confianza de quienes invierten en el país.
Al final, lo que está en juego es cómo México financia su desarrollo en los próximos años. Esta iniciativa busca que cada peso invertido no solo construya infraestructura, sino que también genere beneficios claros, medibles y duraderos para la población.
Deja una respuesta