La administración federal anunció este lunes una inversión histórica de 450 mil millones de pesos destinada al Plan Nacional de Infraestructura Hidráulica 2026. El proyecto, presentado durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, tiene como objetivo central la tecnificación de 1.2 millones de hectáreas de riego para elevar la eficiencia en el uso del agua del actual 54% al 85% al cierre del sexenio.
El despliegue financiero se distribuirá en un 60% para la modernización de distritos de riego en 12 estados del norte y centro del país, y un 40% para la rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales en zonas metropolitanas. Los datos técnicos proyectan que esta optimización permitirá recuperar 2 mil 500 millones de metros cúbicos de agua anuales, volumen equivalente al consumo doméstico total de la Zona Metropolitana del Valle de México por dos años.
En términos de obra civil, la plana mayor de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) confirmó la construcción de 32 nuevas presas de almacenamiento y regulación. Estas estructuras cuentan con una ingeniería diseñada para resistir eventos climáticos extremos, mitigando riesgos de inundación y garantizando el suministro para la producción de granos básicos durante los ciclos de sequía prolongada.
El impacto en el Producto Interno Bruto (PIB) agropecuario se estima en un crecimiento sostenido del 4.2% anual derivado de la reducción de mermas por falta de riego. La tecnificación incluye la instalación de sensores de humedad de última generación y sistemas de goteo automatizado en comunidades ejidales que anteriormente dependían exclusivamente del ciclo de lluvias.
La logística de ejecución contempla un calendario de licitaciones internacionales que iniciará en junio de 2026. Se dará prioridad a empresas que garanticen el uso de materiales de bajo impacto ambiental y mano de obra local, buscando generar 180 mil empleos directos y 250 mil indirectos en las regiones con mayor estrés hídrico.
El plan también estipula la sustitución de 4 mil 500 kilómetros de tuberías obsoletas en las redes de distribución primaria de 15 ciudades estratégicas. Estas fugas representan actualmente una pérdida del 40% del agua potable captada, por lo que la intervención técnica se considera una urgencia de seguridad nacional para estabilizar los acuíferos sobreexplotados.
Finalmente, el meollo del financiamiento proviene de una reasignación presupuestal y de la recaudación extraordinaria por derechos de agua en el sector industrial. La meta es alcanzar la soberanía hídrica para 2030, estableciendo una infraestructura resiliente que soporte el crecimiento demográfico proyectado para las próximas dos décadas en el territorio nacional.
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