La organización civil Defensorxs A.C., bajo la dirección de Miguel Alfonso Meza, activó este viernes un portal digital y un correo institucional diseñados para centralizar evidencias ciudadanas sobre la presunta relación entre el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y grupos del crimen organizado. Esta medida busca sistematizar testimonios y archivos multimedia antes de la presentación de denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR).
El despliegue jurídico, programado para el lunes 4 o martes 5 de mayo, no se limita al mandatario estatal. Meza confirmó que la acción penal incluirá a 17 alcaldes de extracción morenista en Sinaloa, quienes habrían resultado electos en el proceso de 2021 presuntamente bajo el auspicio operativo de facciones delictivas.
Según datos de la plataforma Narcopolíticos, en las elecciones de 2021, Morena obtuvo el triunfo en la gubernatura y en 17 de las 18 alcaldías en disputa. La investigación señala que esta victoria técnica pudo estar influenciada por una estructura que suministró recursos económicos y coordinación logística durante las campañas.
Entre los datos duros que integrarán el expediente se encuentra la declaración de Jocelyn Hernández, exsubdelegada del Bienestar. La exfuncionaria ha señalado la entrega física de maletas con dinero en efectivo en las casas de campaña, un señalamiento que la organización busca robustecer con los nuevos testimonios recabados en el portal.
La plataforma también documenta el uso de propaganda política en vehículos de alta gama vinculados a figuras como Néstor Isidro Pérez Salas, alias “el Nini”. Estos elementos visuales, que circulan en redes sociales y archivos digitales, serán parte del cuerpo probatorio que se entregará a la FGR para activar los protocolos de investigación oficial.
Defensorxs A.C. actualmente brinda acompañamiento legal a dos víctimas directas: una madre cuyo hijo fue asesinado y otra que busca a su hijo desaparecido. Estas asesorías jurídicas pretenden dar rostro humano a las estadísticas de violencia que han repuntado en la entidad sinaloense en los últimos meses.
El objetivo final de esta iniciativa es reducir la dependencia de las investigaciones realizadas por agencias extranjeras. Miguel Meza enfatizó la importancia de que las instituciones mexicanas desarrollen la capacidad técnica para perseguir la infiltración delictiva en la política local, utilizando el marco jurídico nacional vigente.
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