Por Juan Pablo Ojeda
La Fiscalía General de la República (FGR), a través del fiscal Ulises Lara, anunció el desmantelamiento de una red de contrabando de combustible de dimensiones históricas. Las investigaciones, derivadas del aseguramiento del buque ‘Challenge Procyon’ en Altamira, Tamaulipas, en marzo de 2024, han revelado un entramado financiero y logístico que operó bajo esquemas de simulación comercial valorados en 23 mil millones de pesos.
El esquema desarticulado utilizaba una red multimodal para la introducción, traslado y comercialización de hidrocarburos ilegales. Mediante la coordinación de transporte marítimo, ferroviario y terrestre, la organización lograba fragmentar la trazabilidad del producto desde su llegada a puertos nacionales hasta su distribución final en los estados de Tamaulipas, Querétaro y Jalisco.
La operación técnica del grupo delictivo dependía de la adulteración documental a gran escala. Los cargamentos de combustible ingresaban al territorio nacional etiquetados falsamente como aditivos, lubricantes o aceites. Esta reclasificación permitía evadir controles aduaneros y regulatorios, apoyándose en la emisión de facturas apócrifas y la manipulación de muestras de volumen.
Ulises Lara, titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Asuntos Relevantes, subrayó que el éxito de esta acción es resultado de un trabajo de inteligencia sostenido por parte de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada y la Agencia de Investigación Criminal. La colaboración interinstitucional con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fue determinante para mapear este entramado.
El impacto financiero del desmantelamiento es significativo debido a la evasión sistemática de obligaciones fiscales. Las empresas fachada identificadas no solo introducían hidrocarburos de procedencia ilícita, sino que consolidaron un sistema de evasión regulatoria que permitía operar con total impunidad en diversos puntos estratégicos del país.
Tras el antecedente del aseguramiento en Altamira, donde fueron detenidos 11 servidores públicos, la FGR intensificó las líneas de investigación que permitieron escalar desde el operativo portuario hasta la cúpula operativa de la red. Este avance marca un precedente en la persecución del huachicol de alto nivel en México.
El caso continúa bajo investigación para determinar la responsabilidad de otros actores involucrados en esta cadena de suministro paralela. La autoridad federal ha indicado que el desmantelamiento de esta red es una acción permanente para recuperar el control de los nodos logísticos de hidrocarburos que habían sido cooptados por estructuras criminales.
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