Por Juan Pablo Ojeda
En el Congreso se está abriendo una conversación que hasta hace poco ni siquiera estaba en la ley: la neurodivergencia. La diputada Lilia Aguilar Gil, del PT, presentó una iniciativa para que este tema deje de ser invisible y pase a formar parte de la política pública de salud en México, con reglas claras y atención específica desde el Estado.
La propuesta busca algo concreto: que la atención integral, el diagnóstico temprano y la protección de derechos de personas neurodivergentes sean considerados materia de salubridad general. En términos simples, que el gobierno esté obligado a atender estos casos como una prioridad del sistema de salud, no como algo opcional o secundario.
¿De qué estamos hablando cuando se menciona la neurodivergencia? De condiciones como el espectro autista, el TDAH o la dislexia, entre otras, que implican formas distintas de procesar la información, aprender y relacionarse. No es una enfermedad en sí misma, sino una variación en el funcionamiento del cerebro que puede requerir apoyos específicos para garantizar una vida plena.
El problema, según la iniciativa, es que la ley actual no reconoce este concepto como tal. Y eso tiene consecuencias directas: sin reconocimiento legal, no hay políticas públicas bien diseñadas, ni servicios especializados suficientes, ni datos claros para dimensionar el tamaño del reto. Hoy se estima que alrededor del 15% de la población en México podría ser neurodivergente, pero ni siquiera existe una estadística oficial consolidada.
Ahí es donde entra el fondo del debate legislativo. Lo que plantea es cerrar esa brecha: incluir la neurodivergencia en la Ley General de Salud para obligar al sistema a generar diagnósticos oportunos, tratamientos adecuados y acompañamiento interdisciplinario durante todas las etapas de la vida. Es decir, no solo atender a niñas y niños, sino también a jóvenes y adultos que muchas veces quedan fuera del radar institucional.
Además, el impacto no es solo en salud. La falta de atención adecuada se traduce en problemas en la escuela, en el trabajo y en la inclusión social. Por eso, la lógica de la iniciativa es que una política de salud bien diseñada puede tener efectos en otras áreas clave como educación y empleo.
En pocas palabras, lo que se busca es pasar de la improvisación al diseño estructurado: reconocer que hay millones de personas que piensan y aprenden distinto, y que el Estado necesita adaptarse para garantizarles las mismas oportunidades. Porque sin ese ajuste, la desigualdad no solo se mantiene, se profundiza.
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