Por Bruno Cortés
En medio del arranque de la discusión sobre la reforma electoral que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, pidió algo que en política no siempre abunda: moderación.
Su mensaje fue directo. Antes de que llegue formalmente la iniciativa al Congreso, no conviene descalificarla ni atacar a quienes puedan tener dudas. La reforma electoral —dijo— debe discutirse con argumentos, no con adjetivos. En pocas palabras: primero leerla, luego debatirla.
El llamado también fue respuesta a declaraciones del exministro Arturo Zaldívar, quien sugirió que algunos partidos podrían resistirse por perder control o recursos. Monreal se deslindó de esa visión. Reconoció a los aliados legislativos, como el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, y sostuvo que el debate no debe reducirse a dinero o poder, sino a cómo mejorar la democracia mexicana.
Para quien no está metido en el lenguaje legislativo, vale explicar qué está en juego. Una reforma electoral puede modificar cómo se eligen diputados y senadores, cuánto dinero reciben los partidos, cómo se organizan las elecciones y hasta cuánto ganan los altos funcionarios electorales. Según lo adelantado, la propuesta busca reducir costos, limitar salarios y cambiar el método de asignación de legisladores plurinominales.
Aquí entra uno de los puntos más sensibles: la representación proporcional. Algunos críticos temen que los cambios puedan beneficiar al partido mayoritario. Monreal rechazó esa idea y aseguró que se mantendrá la pluralidad y el respeto a las minorías. Lo que cambiaría, explicó, es que ya no serían solo las cúpulas partidistas quienes definan listas, sino que habría mayor intervención ciudadana en el orden de los candidatos.
Otro elemento clave es el tiempo. El legislador dejó claro que no habrá “fast track”. Es decir, no se aprobará en automático ni a toda prisa. Hay margen legal: las reformas pueden hacerse hasta tres meses antes de que inicie formalmente el proceso electoral de 2027. Eso coloca el límite hacia finales de mayo del próximo año. Traducido: hay espacio para discutir, modificar y construir consensos.
Monreal recordó que no sería la primera vez que una iniciativa presidencial se cambia en el Congreso. Puso como ejemplo la reforma en materia de agua, que sufrió decenas de ajustes. Con eso quiso enviar otro mensaje: aunque la presidenta tenga una postura firme, el Poder Legislativo tiene autonomía para deliberar y, si es necesario, modificar.
Al mismo tiempo, dejó claro que el grupo parlamentario de Morena respalda de manera unánime la propuesta presidencial. Argumentó que la reforma responde a una exigencia ciudadana de reducir el costo de las elecciones y redirigir recursos hacia salud, educación e infraestructura. En términos de política pública, la lógica es sencilla: si se gasta menos en organizar elecciones y en estructuras partidistas, ese dinero podría destinarse a servicios públicos.
El fondo del debate, entonces, no es solo técnico. Se trata de equilibrar tres cosas: austeridad, representación democrática y certeza jurídica. Cualquier cambio electoral impacta directamente la confianza en el sistema político. Por eso el propio Monreal insistió en que el proceso debe ser racional, serio y plural.
En un Congreso acostumbrado a confrontaciones, el tono que propone el coordinador morenista busca bajar la temperatura antes de que inicie la discusión formal. Porque, como él mismo planteó, las reformas de este calibre no solo definen reglas del juego, sino el clima político rumbo a 2027 y 2030.
Deja una respuesta