Por Juan Pablo Ojeda
La liquidación forzosa de CIBanco pone de manifiesto la permeabilidad del sistema bancario formal ante el capital del narcotráfico transnacional. El Gobierno de Estados Unidos ordenó el cierre de operaciones transfronterizas de la institución mexicana tras documentar que fungió como un canal de lavado de dinero para organizaciones criminales de alto impacto, obligando a las autoridades de México a intervenir la gestión del banco.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) oficializará este 16 de abril una orden enmendada que prohíbe el flujo de fondos hacia y desde CIBanco. La única concesión otorgada por el Departamento del Tesoro es la autorización de transferencias estrictamente necesarias para que el Gobierno de México ejecute la disolución legal y liquidación financiera de la entidad, clausurando así su acceso a los mercados internacionales.
El expediente de FinCEN señala directamente a CIBanco como proveedor de servicios financieros para el Cártel del Golfo, el Cártel de los Beltrán Leyva y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La gravedad de la acusación radica en que una institución regulada de banca múltiple facilitó la infraestructura para el blanqueo de capitales derivados de la crisis del tráfico ilícito de opioides que afecta a Estados Unidos.
Ante la inminente sanción estadounidense, el Gobierno de México se vio forzado a asumir el control de la entidad para proteger el prestigio y la estabilidad del sistema financiero nacional. La intervención administrativa despojó a la directiva original de sus facultades, poniendo la gestión de los activos y pasivos bajo la supervisión directa de los reguladores gubernamentales mexicanos.
La rendición de cuentas sobre la venta de activos fue rigurosamente auditada por Washington. El gobierno mexicano tuvo que demostrar ante FinCEN que la comercialización de la cartera de CIBanco se realizó bajo controles de seguridad que impidieron la migración de los riesgos de lavado de dinero hacia otras instituciones conectadas con la economía estadounidense.
Como parte del desmantelamiento controlado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aprobó la venta del negocio fiduciario al Grupo Financiero Multiva. Esta transacción, completada en septiembre pasado, representa el rescate de la única fracción del banco considerada libre de contaminación financiera, mientras el resto de la estructura corporativa enfrenta su disolución definitiva.
La declaración final de FinCEN, que califica de «apropiados» los esfuerzos de México para liquidar CIBanco, establece un precedente de cero tolerancia. El desmantelamiento de la institución envía una advertencia al sector bancario mexicano sobre las consecuencias letales de relajar los mecanismos de prevención de lavado de dinero cuando se trata de recursos provenientes de los principales cárteles de la droga.
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