Tras casi dos décadas de habitar un inmueble en el Centro Histórico, 38 familias lograron evitar un desalojo inminente al ser incorporadas a un proyecto de vivienda digna impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México, el cual contempla la entrega de nuevas unidades habitacionales en un plazo aproximado de un año.
El caso, ubicado en República de Cuba 11, se ha convertido en un ejemplo concreto de la disputa por el derecho a la vivienda en zonas centrales de alta presión inmobiliaria. Durante años, las familias denunciaron intentos de desalojo —algunos calificados como irregulares— en un contexto marcado por procesos de gentrificación y encarecimiento del suelo urbano en el Centro Histórico.
De acuerdo con testimonios de los habitantes y reportes de organizaciones civiles, desalojos previos en la zona se habrían ejecutado sin garantías procesales claras, afectando a inquilinos con años de residencia comprobable y pagos regulares de renta. Este patrón ha sido señalado como parte de una tendencia más amplia de desplazamiento de poblaciones de bajos ingresos hacia la periferia de la ciudad.
En respuesta, el Gobierno de la Ciudad de México ha reforzado durante 2026 su política de vivienda social en áreas centrales, mediante programas orientados a preservar el arraigo comunitario y evitar la expulsión de habitantes históricos. Entre ellos, destaca la intervención en predios como República de Cuba 11, donde se prevé la construcción o rehabilitación de unidades habitacionales destinadas a los actuales ocupantes.
Según información de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, el proyecto contempla viviendas de carácter social con criterios de asequibilidad, así como espacios que permitan la integración de actividades productivas dentro del mismo entorno habitacional, una medida orientada a fortalecer la economía familiar.
Asimismo, las nuevas unidades incorporarán elementos de sostenibilidad, como sistemas de captación de agua pluvial y paneles solares, en línea con los estándares de eficiencia energética promovidos por la Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. Estas características buscan no solo reducir costos a largo plazo para los beneficiarios, sino también contribuir a un modelo urbano más resiliente.
El proyecto forma parte de un programa más amplio que, de acuerdo con cifras oficiales, incluye la construcción y rehabilitación de cientos de viviendas en el Centro Histórico durante 2026, como parte de una meta mayor de varios miles de unidades en toda la capital. No obstante, especialistas en política urbana advierten que estos esfuerzos aún resultan insuficientes frente a la magnitud del fenómeno de gentrificación.
Aunque la incorporación de estas 38 familias representa un avance significativo en la defensa del derecho a la vivienda, el caso evidencia las tensiones persistentes entre desarrollo inmobiliario y justicia social en la Ciudad de México. Organizaciones civiles han insistido en la necesidad de fortalecer los mecanismos legales que garanticen procesos transparentes y eviten desalojos arbitrarios.
El desenlace parcial de este conflicto abre una ventana de oportunidad para evaluar la efectividad de las políticas públicas en materia de vivienda digna, en un contexto donde el acceso equitativo al suelo urbano sigue siendo uno de los principales retos de gobernanza en la capital del país.
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