La situación en el ejido Dinamita escaló de tensión social a un problema de seguridad y certeza jurídica. La Fiscalía General del Estado de Durango confirmó la detención de 28 personas señaladas por su presunta participación en delitos como robo de vehículo, extorsión y ataques a las vías de comunicación, en medio de un conflicto que ya había encendido las alertas del sector empresarial.
De acuerdo con la autoridad, las detenciones derivan de un operativo realizado el pasado 18 de marzo, luego de denuncias presentadas por empresas instaladas en la zona, quienes acusaron bloqueos, toma de accesos y la retención de unidades de carga por parte de un grupo que se identifica como el Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida, el Territorio y el Agua.
Según las investigaciones, los implicados exigían pagos adicionales para extrabajadores que ya habían sido liquidados conforme a la ley, condicionando el retiro de los bloqueos, lo que fue tipificado como extorsión.
El operativo fue coordinado entre la Fiscalía estatal, fuerzas del Mando Especial Laguna, la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y corporaciones estatales y municipales, con acompañamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Pero más allá de las detenciones, el caso exhibe un problema de fondo: el impacto económico y la incertidumbre que estos hechos están generando.
Desde antes del operativo, la Canacintra Gómez Palacio ya había advertido que el conflicto estaba frenando inversiones, afectando operaciones y poniendo en riesgo empleos.
La presidenta del organismo, Homero del Bosque Ayala, fue contundente al señalar que la situación no es nueva, pero sí se ha agravado en los últimos días, al punto de provocar el retiro de una empresa extranjera que decidió frenar su inversión ante la falta de condiciones.
“Estamos hablando de atraer inversión y de fortalecer sectores con oportunidades de crecimiento, pero lo que vemos es que algunas empresas ya consideran retirarse de la Comarca”, alertó.
Además, Canacintra cuestionó la falta de aplicación de la ley en etapas previas, al señalar que las órdenes de aprehensión e investigaciones no se habían ejecutado, lo que permitió que la problemática escalara.
El organismo también advirtió que el conflicto ya no es exclusivo de Dinamita, sino que se ha extendido a otros puntos de la región lagunera, elevando el riesgo para toda la actividad industrial.
A esto se suma un elemento crítico: una de las empresas afectadas está vinculada a la fabricación de explosivos, lo que, de acuerdo con las denuncias, representa un riesgo adicional para trabajadores y habitantes, además de pérdidas económicas que oscilan entre 80 mil y 100 mil dólares diarios.
Hoy, con las detenciones realizadas, la autoridad busca contener el conflicto, pero el mensaje del sector empresarial es claro: sin Estado de derecho no hay inversión, y sin inversión, el costo lo pagan los empleos y el desarrollo de toda la región.
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