Por Bruno Cortés
En San Lázaro se armó una de esas escenas que muestran cómo una decisión técnica puede convertirse en una bomba política cuando la gente siente que no la escuchan. Afuera de la Cámara de Diputados, un grupo de campesinos, ganaderos y agricultores llevaba horas manifestándose por la discusión de la reforma en materia de agua, un tema que para ellos no es teoría: es su forma de vida, su cosecha, su ingreso, su futuro. Y ahí, en medio de pancartas y reclamos, se enteraron de que el debate que esperaban para el día siguiente podría adelantarse en el Pleno. Eso encendió aún más los ánimos.
Dentro del recinto, la vicepresidenta de la Mesa Directiva, la diputada Paulina Rubio Fernández, del PAN, no se guardó nada. Desde la reunión de la Mesa lanzó una crítica frontal: consideró que adelantar la discusión era un “albazo”, un movimiento en lo oscurito que dejaba completamente desprotegidos a quienes justamente estaban afuera tocando la puerta. Según explicó, el dictamen estaba programado para votarse mañana, y por eso las organizaciones campesinas acudieron hoy al Congreso. Mover la fecha de último minuto, dijo, era darles la espalda.
El choque tiene que ver con algo sencillo de explicar aunque suene enredado: el orden del día es básicamente la agenda oficial de lo que se va a discutir. Modificarlo de pronto, sobre todo cuando hay una mayoría absoluta que puede hacerlo sin negociar, se percibe como una jugada para evitar presión, protestas o cambios de última hora. Y cuando se trata del agua —un recurso clave para la producción agrícola— cualquier decisión se vuelve delicada.
Rubio Fernández acusó que Morena y sus aliados quieren usar su mayoría para sacar adelante la votación sin enfrentar a quienes se sienten directamente afectados. En su discurso dijo que el PAN no puede apoyar que se ignore a “quienes alimentan a este país”, una frase que resonó porque conecta con la realidad: sin políticas claras de agua no hay campo, y sin campo no hay alimentos.
La diputada insistió en que se deben escuchar a las personas que ven amenazado su modo de vida. Para los productores, una reforma puede definir desde cuánta agua podrán usar hasta cuánto les costará, si habrá permisos más estrictos o si se reasignarán recursos hídricos a otros sectores. Cuando estas decisiones se toman sin diálogo, el malestar es automático.
Aunque su intervención no estaba sujeta a votación, aprovechó para dejar clara la postura del PAN: están en contra del cambio del orden del día, en contra del “albazo” y en contra de avanzar una reforma sin escuchar a quienes serán los primeros en resentir sus efectos.
Afuera, los manifestantes siguen esperando una señal de que sus voces sí cuentan. Adentro, la tensión política promete una sesión movida. Y en medio de ambos mundos está el debate que realmente importa: cómo asegurar agua para producir, vivir y crecer sin dejar a nadie fuera.
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