Por Juan Pablo Ojeda
En San Lázaro arrancó la mañana con una de esas decisiones que, aunque no suelen acaparar los reflectores, sí pegan directo en la vida diaria de la gente: el avance del nuevo marco legal del agua en México. La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento aprobó en lo general y en lo particular el dictamen de la Ley General de Aguas, junto con reformas a la Ley de Aguas Nacionales, un paquete que busca poner orden en un recurso que ya no alcanza para seguir improvisando.
La votación salió más clara de lo que muchos esperaban: 28 diputados votaron a favor, 10 en contra y dos se abstuvieron. Con eso, el dictamen ya está listo para pasar al Pleno, donde se dará la pelea definitiva.
¿Y qué significa todo esto para quienes no viven pendientes del Congreso? En pocas palabras, es un intento por reorganizar quién usa el agua, cómo se usa y bajo qué reglas. Durante años, el país ha arrastrado un sistema de concesiones con más huecos que una cubeta vieja: bases de datos duplicadas, permisos vencidos, usos poco claros y una sobreexplotación que ya se siente en ciudades, en el campo y hasta en la industria.
Lo que hoy avalaron los diputados es una sacudida al modelo actual, con la idea de dejar de tratar el agua como si fuera un simple producto que se compra y se vende sin control, y ponerla en el lugar que debería tener: un derecho y un recurso limitado que debe administrarse con transparencia. La nueva ley también busca cerrar los espacios que permitían la especulación, el acaparamiento o los permisos irregulares que durante años inflaron la desigualdad hídrica en el país.
Para muchos legisladores, este paso es apenas el inicio de una reforma más grande, la que permita equilibrar el consumo humano, el uso agrícola y el uso industrial, sin dejar fuera a quienes viven en zonas donde abrir la llave sigue siendo un volado. Para otros, es un cambio necesario y urgente que llevaba más de una década atorado entre intereses cruzados.
Ahora la discusión se moverá al Pleno, donde el debate será más amplio y más político. Pero lo aprobado hoy ya marca una señal clara: en México, el tema del agua dejó de ser un problema del futuro y pasó a ser una prioridad que exige, por fin, reglas nuevas.
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