Por Bruno Cortés
En San Lázaro la discusión sobre el agua no solo movió votos, también movió emociones. La Cámara de Diputados aprobó, ya en lo particular, el dictamen que crea la nueva Ley General de Aguas y modifica la Ley de Aguas Nacionales, un cambio que suena técnico pero que afecta desde los productores del campo hasta las familias que dependen de un sistema comunitario para recibir el líquido. La propuesta salió de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum y de proyectos similares de diputadas y diputados de varios partidos, algo poco común en tiempos de pleitos legislativos.
El resultado fue contundente: 324 votos a favor, 118 en contra y dos abstenciones. Pero ese número no revela el jaloneo que hubo detrás. Los ajustes clave llegaron con un paquete de 18 reservas presentado por Ricardo Monreal, quien desde Morena y acompañado por el PVEM y el PT aseguró que estas modificaciones responden a lo que pidieron productores, comunidades y usuarios de distintos estados. Monreal dijo que escuchó a 22 grupos de 22 estados, y que buena parte de las preocupaciones se basaban en rumores y desinformación que prendieron focos rojos, incluso movilizaciones, sin tener claridad del contenido real de la ley.
La disputa gira en torno a varios puntos, pero uno ha sido central: las concesiones de agua. El PVEM, a través de Carlos Puente Salas, aseguró que las reservas dejan explícito que estas se podrán heredar, vender o transmitir, algo que muchos en el campo exigían para no perder certeza sobre el patrimonio que han construido. También se establecen topes mínimos y máximos en multas, y las sanciones más duras serán para quienes metan mano al agua de forma grave: desde extraerla ilegalmente hasta contaminar ríos o desviar cauces completos.
Desde el PAN, Francisco Pelayo y otros legisladores no compraron ese argumento. Para ellos, la reforma afecta a los campesinos porque no resuelve lo básico: invertir en infraestructura para que los mantos freáticos se recuperen, modernizar pozos y construir presas. Señalan que sin eso no importa lo que diga la ley, porque el problema está en el abandono histórico del campo y en que el gobierno no ha puesto los recursos suficientes.
A su vez, el PT, a través de Reginaldo Sandoval, defendió que esta nueva ley amplía derechos: acceso efectivo al agua, tratamiento de aguas residuales, recuperación ambiental y certeza para quienes hoy operan sin reglas claras, incluidos los sectores productivos. Morena también recalcó que se busca poner fin al mercado negro que rodea el tráfico de concesiones, una práctica que por años ha beneficiado a intermediarios más que a usuarios reales.
Pero no todos quedaron convencidos. Desde el PRI, Rubén Moreira acusó que el dictamen sigue arrastrando problemas básicos: habla de eliminar la figura de la “negativa ficta”, pero según él todavía aparece en el texto; y no se hizo una consulta a los pueblos originarios, algo que es obligatorio cuando se trata de reformas que afectan directamente su manejo del agua. Por su parte, diputadas del PAN como Paulina Rubio Fernández dijeron que esta reforma abre la puerta al “robo del agua” disfrazado de reasignaciones, generando incertidumbre y afectando la propiedad privada.
Otros legisladores remarcaron puntos menos visibles pero igual importantes. Joaquín Zebadúa, de Morena, destacó que por primera vez se reconoce en la ley a los sistemas comunitarios de agua, esos que en pueblos indígenas sostienen el servicio desde hace generaciones sin ayuda del gobierno. Para muchos, esto es un paso histórico. En contraste, diputados de MC alertaron que la reforma se está parchando al vapor, lo que podría generar más problemas de los que pretende resolver.
En resumen, la nueva Ley General de Aguas avanza, pero no sin dejar un río revuelto detrás. Sus defensores aseguran que ordenará un sistema que por años fue terreno fértil para abusos, tráfico de derechos y falta de claridad. Sus detractores temen que, pese a las 164 modificaciones y las 18 reservas más recientes, la ley aún tenga huecos que afecten a quienes dependen del agua para vivir o producir.
El dictamen ya está en manos del Senado, donde se dará la última palabra. Entre tanto, lo que queda claro es que regular el agua, en un país donde cada gota se pelea, es algo que nunca será un trámite sencillo. Es política pura, pero también es la diferencia entre tener agua todos los días o seguir viendo cómo los sistemas se secan.
Deja una respuesta