Por Bruno Cortés
En la Cámara de Diputados no solo se discuten leyes, también se ponen sobre la mesa las deudas históricas del país. Así ocurrió con la presentación del libro “Los derechos de los pueblos indígenas en México. Avances y desafíos”, una obra coordinada por el maestro Reynaldo Vázquez Ramírez que reúne miradas jurídicas, políticas y académicas para entender en qué punto está México frente a los derechos de sus pueblos originarios y hacia dónde debería caminar.
El diputado Alfredo Vázquez Vázquez, de Morena, puso el contexto con claridad: han pasado más de 20 años desde la reforma constitucional de 2001 y, aunque en 2025 ya existe una reforma constitucional indígena y afromexicana, todavía falta la ley general que permita que esos derechos se ejerzan de verdad. Dicho en sencillo, los derechos ya están escritos en la Constitución, pero no tienen todavía las reglas claras para aplicarse en la vida cotidiana de las comunidades.
El legislador advirtió que, aunque hay avances, persisten prácticas que distorsionan el espíritu de la ley, como el intento de personas sin identidad indígena de acreditarse como tales para competir en procesos electorales. Para él, los derechos no pueden quedarse en discursos o reconocimientos simbólicos, sino traducirse en políticas públicas concretas que mejoren la vida de las comunidades. Cerró su intervención con una idea que resume el fondo del debate: construir un país donde sea posible el lekil kushlejal, el buen vivir para todas y todos.
La diputada Evangelina Moreno Guerra subrayó que el mayor logro reciente es el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, lo que les da personalidad jurídica propia frente al Estado. Explicó que el libro recoge discusiones que vienen de años atrás, impulsadas desde la articulación nacional promovida por la Comisión de Concordia y Pacificación. Aun así, reconoció que los retos siguen siendo grandes, especialmente en temas como el manejo directo de presupuestos por las propias comunidades y el preocupante aumento del desplazamiento forzado interno.
Desde una mirada histórica, la diputada Gloria Sánchez López recordó que los avances han sido lentos. En 2001 se habló de autonomía, pero se dejó a los pueblos indígenas como entidades de interés público, una figura que en la práctica limitó su capacidad de decisión. Con la reforma de 2024, explicó, ese obstáculo se supera al reconocerlos como sujetos de derecho público, aunque el pendiente sigue siendo el mismo: falta la ley general que haga operativa esa reforma. También destacó el papel central de las mujeres indígenas en la preservación de las lenguas, la cultura y los saberes comunitarios, muchas veces sin el reconocimiento que merecen.
El coordinador del libro, Reynaldo Vázquez Ramírez, explicó que la obra es resultado del trabajo de especialistas que buscan fortalecer el estudio del derecho indígena. Para él, el mayor valor del libro es que muestra cómo se está construyendo una verdadera doctrina sobre los pueblos indígenas, a partir del diálogo entre voces indígenas y no indígenas, algo indispensable para avanzar hacia un marco legal más justo.
En la misma línea, Janet Hernández López, colaboradora del libro, señaló que el texto es una herramienta clave para la legislación que viene y afirmó que se trata prácticamente del nacimiento de una nueva fuente de derecho. Propuso que el libro se traduzca a lenguas indígenas y se difunda ampliamente, para que estos derechos no se queden solo en círculos académicos o legislativos.
El doctor Jacobo Mérida Cañaveral abordó uno de los temas más complejos: la relación entre la justicia del Estado y la justicia indígena. Explicó que su capítulo analiza el papel del EZLN en la constitucionalización de la jurisdicción indígena y advirtió que uno de los grandes desafíos será definir cómo se van a coordinar ambos sistemas, ya que hoy la competencia de los jueces indígenas es muy limitada y deberá ampliarse en la nueva legislación.
Finalmente, la doctora Beatriz Miguel Chávez resaltó el valor académico y jurídico del libro y destacó la relevancia de los capítulos escritos por ministras de la Suprema Corte, en temas clave como la consulta previa y la identidad indígena, que son fundamentales para garantizar que las decisiones del Estado no pasen por encima de los pueblos originarios.
La presentación dejó claro que México ha avanzado en el reconocimiento formal de los derechos indígenas, pero también que el verdadero reto está en convertir esos derechos en políticas públicas, presupuesto, instituciones y justicia real para las comunidades.
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