El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, anunció durante la conferencia matutina que el Gobierno de México impulsará una reforma constitucional y legal para establecer una jornada laboral máxima de 40 horas semanales, un cambio que se aplicará de manera gradual a partir de 2027 y concluirá en enero de 2030.
Frente a la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario explicó que la transición será escalonada: cada año se reducirán dos horas de la jornada ordinaria hasta alcanzar el nuevo límite. Subrayó que este ajuste no podrá implicar disminución de sueldos, salarios ni prestaciones, elemento clave para garantizar que los derechos laborales no se vean afectados durante la implementación.
Bolaños precisó que, por primera vez, la legislación incluirá una prohibición expresa para que las personas menores de edad realicen horas extraordinarias. Este candado busca reforzar la protección laboral para menores, un tema históricamente rezagado y señalado por organismos como la OIT.
La reforma también establece nuevos límites a la suma de horas ordinarias y extraordinarias. En ningún caso podrán rebasar las 12 horas en un solo día, una medida que responde a múltiples diagnósticos sobre exceso de jornadas en sectores como comercio, manufactura y servicios.
El secretario detalló que las horas extra continuarán siendo voluntarias y deberán pagarse al doble del salario por hora ordinaria. Además, se permitirá un máximo de 12 horas extraordinarias a la semana, distribuidas en hasta cuatro horas diarias durante cuatro días. Las horas que deban pagarse al triple quedarán limitadas a un máximo de cuatro por semana, corrigiendo la ausencia de límites que existe actualmente.
Como parte de los ajustes administrativos, las personas empleadoras deberán llevar un registro verificable de las horas ordinarias y extraordinarias laboradas por cada trabajador. Este mecanismo será clave para la supervisión de la autoridad laboral y para resolver posibles controversias.
La reforma anunciada se suma a una tendencia internacional hacia jornadas más cortas. Países como Chile y España han iniciado procesos similares en los últimos años, mientras que México mantiene una de las jornadas legales más altas de la OCDE. El Gobierno Federal sostiene que este cambio busca equilibrar productividad y bienestar, sin frenar la dinámica económica.
El anuncio ocurre en un momento donde distintos sectores productivos ya habían solicitado claridad sobre el calendario y la implementación gradual. El sector empresarial ha expresado que la transición paulatina permitirá ajustar turnos, costos y procesos sin comprometer la operación diaria.
Con la ruta definida hacia 2030, el Gobierno Federal abre una etapa de modificaciones legales que podría transformar la cultura laboral en México, especialmente en regiones urbanas donde las jornadas extendidas son una práctica cotidiana, del tipo que cualquier oficinista chilango conoce bien: entradas tempranas, salidas tardías y poco margen para la vida personal.
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