Los trastornos mentales constituyen una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial y generan una carga económica significativa para los Estados. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la depresión y la ansiedad provocan pérdidas globales de productividad equivalentes a billones de dólares anuales, afectando tanto a economías desarrolladas como a países de ingresos medios y bajos.
La OMS estima que la ampliación del acceso a tratamientos para depresión y ansiedad tendría un costo aproximado de 147 mil millones de dólares, pero generaría retornos de hasta 399 mil millones de dólares gracias al aumento en la productividad laboral y la reducción del ausentismo. Sin embargo, esta inversión sigue siendo limitada en la mayoría de los sistemas públicos de salud.
En la región de las Américas, el gasto público en salud mental representa apenas el 2% del presupuesto total de salud, según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). De este porcentaje, más del 60% se destina a hospitales psiquiátricos, lo que evidencia una asignación desproporcionada frente a la carga real de enfermedad y limita el desarrollo de estrategias preventivas y de atención primaria.
El impacto es particularmente grave en la población masculina. Factores culturales asociados a la masculinidad tradicional, como la autosuficiencia y la resistencia a expresar vulnerabilidad, reducen la búsqueda de atención psicológica y psiquiátrica. Como consecuencia, los hombres presentan tasas de suicidio hasta 3.9 veces mayores que las mujeres, según la OMS.
Esta falta de atención oportuna incrementa los costos indirectos para los sistemas de salud y seguridad social, al asociarse con mayores niveles de desempleo, incapacidad laboral y comorbilidades, entre ellas enfermedades cardiovasculares y consumo problemático de sustancias.
En países europeos como España, los problemas de salud mental representan alrededor del 4.2% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con datos del Ministerio de Sanidad y la OCDE. Las listas de espera para atención especializada continúan agravando la demanda no satisfecha, afectando de manera desproporcionada a los hombres, quienes acceden con menor frecuencia a los servicios especializados.
En América Latina, el panorama es similar. En Costa Rica, por ejemplo, cerca del 3% del presupuesto de salud se destina a salud mental, con aproximadamente el 67% dirigido a hospitales psiquiátricos, según la OPS. Esta estructura limita la prevención, detección temprana y atención comunitaria, especialmente en salud mental masculina.
Ante este escenario, la OPS y la OMS han reiterado la necesidad de avanzar hacia la paridad entre la inversión en salud física y mental, fortalecer la atención primaria y desarrollar políticas públicas con enfoque de género que reduzcan el estigma y permitan una atención más oportuna y efectiva para los hombres.
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