Por Juan Pablo Ojeda
El debate sobre integridad pública volvió al centro de la conversación política luego de que la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Vania Pérez Morales, hiciera un llamado público a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, para que solicite una licencia temporal mientras se aclaran las acusaciones que involucran a su exesposo, Carlos Torres, actualmente bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos vínculos con el narcotráfico y posibles actos de corrupción.
El posicionamiento, difundido por la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana de los sistemas anticorrupción, subraya que la solicitud no implica una acusación directa ni prejuzga la responsabilidad de la mandataria estatal. Se trata, explican, de una medida preventiva para proteger el interés público y evitar cualquier percepción de interferencia política en una investigación federal en curso.
Desde esta óptica, el llamado busca poner por delante dos principios básicos de cualquier democracia: el derecho de la ciudadanía a un gobierno libre de corrupción y el derecho a instituciones que generen confianza. Para los firmantes, cuando existe una investigación abierta que podría comprometer la legitimidad del poder, actuar con prudencia fortalece, y no debilita, al Estado de derecho.
El pronunciamiento fue respaldado por integrantes de los Sistemas Estatales Anticorrupción de entidades como Puebla, Durango, Chiapas, Sinaloa y Quintana Roo, así como por organizaciones civiles y activistas especializados en transparencia. Todos coinciden en que una separación temporal permitiría reducir tensiones políticas, preservar la estabilidad institucional de Baja California y enviar una señal clara de compromiso con la legalidad y la rendición de cuentas.
Al mismo tiempo, las organizaciones exhortaron a las autoridades federales a conducir la investigación con imparcialidad, rigor jurídico y total transparencia, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia. El mensaje, señalan, no busca polarizar, sino fortalecer a las instituciones en un contexto nacional marcado por una creciente exigencia ciudadana de combatir la corrupción y separar con claridad el poder político de cualquier posible vínculo con actividades ilícitas.
Hasta ahora, Marina del Pilar Ávila Olmeda no ha emitido una postura pública frente al llamado. En tanto, la FGR mantiene bajo reserva los detalles del avance de la investigación contra Carlos Torres, un silencio que ha alimentado el debate público sobre gobernabilidad, confianza institucional y responsabilidad política.
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