Por Juan Pablo Ojeda
En México, ser periodista sigue siendo casi una sentencia de riesgo, y lo más grave: los crímenes casi nunca se castigan. En el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil (Espacio OSC) lanzó una alerta contundente: el 98% de los delitos contra periodistas en el país permanecen impunes.
Organizaciones como ARTICLE 19, CIMAC y Cencos denunciaron que, aunque este día busca visibilizar la violencia y exigir justicia, el Estado mexicano sigue sin cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) reportó que en todo 2024 solo abrió 84 carpetas de investigación, y apenas una fue por homicidio.
Con 18.6 millones de pesos de presupuesto, equivalente al 0.10% de lo que recibe la FGR, la FEADLE opera prácticamente sin recursos. Desde su creación en 2010 ha abierto 1,371 casos y solo ha resuelto 201, lo que equivale a una impunidad del 84.7%, que sube a 98.27% si se consideran únicamente las sentencias condenatorias.
ARTICLE 19 añadió que, desde el año 2000, se han documentado 174 periodistas asesinados por su labor informativa.
El Espacio OSC también alertó que las mujeres periodistas enfrentan mayor vulnerabilidad. Información de CIMAC revela que sus casos suelen minimizarse, ignorarse o no se investigan con perspectiva de género.
“Urge garantizar verdad, justicia y reparación con enfoque de género”, señalaron, recordando que incluso después de asesinadas, muchas comunicadoras no obtienen justicia.
En lo que va de 2025, siete periodistas han sido asesinados en México. El caso más reciente es el de Miguel Ángel Beltrán, encontrado sin vida el 25 de octubre en Durango con signos de violencia.
¿Qué exigen las organizaciones?
El Espacio OSC llamó urgentemente al gobierno mexicano a actuar ya. Entre sus principales demandas están:
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Que la FGR construya un plan de trabajo con organizaciones civiles para avanzar en las investigaciones.
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Aplicar realmente el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión, vigente desde 2017.
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Que las Fiscalías estatales transparenten los avances y publiquen datos por tipo de delito, sexo y género.
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Que el Poder Judicial juzgue con perspectiva de género para garantizar justicia real.
“La impunidad envía un mensaje devastador para la libertad de expresión y la democracia. Ningún crimen contra periodistas debe quedar impune”, subrayaron.
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