Por Juan Pablo Ojeda
En el Senado se está jugando una de esas decisiones que parecen de trámite, pero que en realidad marcan el rumbo del país por casi una década: quién dirigirá la Fiscalía General de la República. Tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero, la Junta de Coordinación Política hizo un primer filtro y redujo de 43 a solo 10 aspirantes. Esto, dicho sencillo, es como cuando el Congreso limpia la mesa para que la presidenta pueda escoger entre quienes realmente tienen posibilidades reales.
La lista quedó pareja: cinco hombres y cinco mujeres. Entre los nombres que más ruido hacen está el de Ernestina Godoy Ramos, quien hoy lleva las riendas de la Fiscalía como encargada de despacho. Pero también están perfiles con trayectorias jurídicas, académicas y hasta políticas que buscan quedarse con un puesto que dura nueve años, prácticamente toda una administración completa y más.
Los aspirantes que sobrevivieron al primer corte son: Luz María Zarza Delgado, Maribel Bojorges Beltrán, Sandra Luz González Mogollón, Ernestina Godoy Ramos, Mirna Lucía Grande Hernández, Luis Manuel Pérez de Acha, Alfredo Barrera Flores, Hamlet García Almaguer, David Borja Padilla y Miguel Nava Alvarado.
El siguiente paso es clave: el pleno del Senado deberá aprobar esta lista por mayoría calificada, es decir, no basta con una votación simple, sino con un acuerdo entre las principales fuerzas políticas. Una vez aprobado, el documento se envía a la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella tendrá que elegir tres nombres y regresar esa terna al Senado. Solo entonces se votará quién será la persona que encabece la Fiscalía General de la República durante los próximos nueve años.
Es un proceso que busca equilibrio: el Senado propone, la presidenta elige, y el Senado decide. Una especie de ida y vuelta que intenta asegurar que el nuevo fiscal tenga respaldo político suficiente para operar con independencia —al menos en papel— y para sostenerse en un trabajo que implica investigaciones sensibles, decisiones impopulares y la construcción de casos que pueden involucrar a figuras de alto nivel.
La salida de Gertz Manero adelantó un relevo que debía ocurrir hasta 2028. Su renuncia, anunciada el 27 de noviembre, sorprendió incluso dentro del propio gobierno. La presidenta Sheinbaum confirmó que él ocupará un cargo diplomático en un “país amigo”, aunque todavía no se revela cuál porque faltan los procesos formales.
Mientras tanto, en el Senado se mueve todo para que México tenga pronto una nueva o un nuevo fiscal. Y aunque para mucha gente este tipo de nombramientos parecen lejanos, lo cierto es que afectan directamente cómo se investigan delitos, qué tan rápido avanza la justicia y qué tanto puede confiar la ciudadanía en la institución encargada de perseguir el delito.
El proceso sigue, y en las próximas horas se definirá el primer gran corte político rumbo a este nombramiento clave.
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