Por Bruno Cortés
En medio del debate por las pensiones de funcionarios, el diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, puso sobre la mesa una postura que suena familiar pero con matices: sí a eliminar privilegios, pero con dudas sobre cómo se está haciendo y, sobre todo, por qué.
Para entenderlo sin tanto rollo técnico, la discusión gira en torno a poner un límite a las llamadas “pensiones doradas”, esas que reciben algunos exfuncionarios y que superan por mucho lo que gana la mayoría de la gente. En teoría, nadie está defendiendo esos excesos. El propio Moreira lo dejó claro: su partido está en contra de ese tipo de beneficios.
El problema, según él, está en la narrativa del gobierno. Dice que desde el Ejecutivo se inflaron cifras o se metió en la misma bolsa a personas que en realidad no reciben esas pensiones elevadas. Mencionó casos de extrabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y de algunos bancos, quienes —asegura— no ganan lo que se ha dicho públicamente.
Aquí es donde entra el fondo político y económico del asunto. Moreira plantea una duda que cambia el enfoque: ¿realmente se busca acabar con privilegios o el gobierno necesita dinero? Según su lectura, el trasfondo podría ser que se acabaron recursos como los fideicomisos y ahora el Estado tiene que cubrir directamente ciertos pagos sin tener suficiente liquidez.
Dicho en términos más claros, lo que sugiere es que la reforma no solo tiene una intención de justicia, sino también de ajuste financiero. Y eso, advierte, puede llevar a decisiones apresuradas o mal sustentadas.
Otro punto que llamó la atención es lo que no aparece en la lista. El legislador cuestionó que no se incluyan sectores como las Fuerzas Armadas u otras dependencias, lo que abre la sospecha de que el recorte no se aplicaría de manera pareja. Por eso, insiste en que antes de avanzar se necesita una revisión más seria y transparente de quién gana qué y por qué.
Pero el tema no se queda en las pensiones. Moreira aprovechó para lanzar críticas más amplias al gobierno, especialmente a Morena. Señaló que hay promesas que siguen sin cumplirse, como el salario mínimo profesional o los acuerdos con maestros de la CNTE para mejorar el sistema de pensiones.
Al final, lo que se está discutiendo en el Congreso no es solo cuánto deben ganar los exfuncionarios, sino cómo se manejan los recursos públicos y qué tan consistentes son las decisiones del gobierno. Para quien no sigue la política día a día, el resumen es sencillo: se quiere recortar privilegios, pero hay dudas sobre si las cuentas están bien hechas y si el problema de fondo es más grande de lo que se dice.
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