Por Bruno Cortés
En medio del debate político que sigue marcando la agenda nacional, el diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Partido Verde Ecologista de México, salió a fijar postura sobre el llamado “Plan B” de la reforma electoral, y lo hizo con un mensaje claro: sí a la austeridad, sí a ajustar el gasto en la política local y sí a abrir la discusión sobre cómo se evalúa a los gobernantes.
Para entenderlo sin tanto rollo legislativo, el punto central de lo que defiende Bolaños es sencillo: gastar menos en política. El diputado respalda que los congresos locales y los ayuntamientos reduzcan costos, algo que se conecta con la idea de “austeridad republicana” que desde hace algunos años se metió en la Constitución. En palabras simples, se trata de que los gobiernos, especialmente a nivel local, funcionen con menos dinero pero sin dejar de operar.
Esta postura no viene sola. Bolaños se alinea con lo dicho por Manuel Velasco, coordinador de su partido en el Senado, donde justamente se empujó este paquete de cambios. Lo interesante aquí es que el respaldo no es solo político, también es estratégico: el Partido Verde busca colocarse como un actor que apoya ajustes al sistema, pero sin romper del todo con el modelo actual.
Otro punto clave que puso sobre la mesa es la revocación de mandato, este mecanismo que permite a la ciudadanía decidir si un gobernante debe dejar el cargo antes de que termine su periodo. La propuesta deja abierta la posibilidad de que este ejercicio se realice en 2027 o 2028. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Que todavía no hay fecha fija y que dependerá de cómo avance la discusión política.
Bolaños lo ve como algo positivo. Desde su óptica, someterse a una revocación es ponerse frente a la gente y aceptar el veredicto público. Es, digamos, una especie de examen ciudadano: si la gestión convence, se queda; si no, se va. Pero también implica riesgos políticos, porque los resultados reflejan directamente el ánimo social.
En ese mismo tema, el legislador defendió que quien esté en el poder pueda opinar sobre su propia revocación. Aquí entra un debate delicado: ¿hasta dónde un gobernante puede hablar sin que eso se convierta en campaña? La línea, según lo que se plantea, está en evitar actos que parezcan proselitismo, es decir, प्रचार político disfrazado.
Finalmente, el diputado destacó algo que no es menor en el contexto político actual: el diálogo. Señaló que ahora sí hubo acuerdos construidos desde la Secretaría de Gobernación, lo que permitió avanzar en consensos que antes no se habían logrado. En política pública, esto es clave, porque muchas reformas no fracasan por falta de ideas, sino por falta de acuerdos.
En resumen, lo que plantea Bolaños es una combinación de recorte de gastos, ajustes institucionales y más herramientas para que la ciudadanía evalúe a sus gobernantes. Una mezcla que busca hacer más eficiente el uso del dinero público, pero también abrir la puerta a una democracia más participativa, aunque no exenta de tensiones.
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