Por Juan Pablo Ojeda
Minneapolis amaneció en un clima de alta tensión política y social luego de que líderes cívicos y sindicatos convocaran a una jornada de protestas masivas contra el endurecimiento de la política migratoria de la Administración de Donald Trump. La ciudad, considerada “santuario” por sus mecanismos de protección a migrantes indocumentados, se ha convertido en uno de los principales focos de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Los organizadores llamaron a un “apagón económico”, una forma de protesta que busca impactar la vida cotidiana para visibilizar el descontento social. La consigna es clara: no acudir al trabajo, no asistir a clases y no realizar compras durante el denominado Day of Truth & Freedom (Día de la Verdad y la Libertad). Se prevé el cierre de cientos de negocios y una manifestación multitudinaria en respuesta directa al despliegue de agentes federales.
Desde la organización del movimiento, el mensaje apunta a una suspensión deliberada de la actividad económica como mecanismo de presión política. Exigen el cese inmediato de las acciones del ICE, la rendición de cuentas de los agentes federales involucrados en abusos y muertes, y la intervención urgente del Congreso de Estados Unidos para frenar lo que consideran una escalada de violencia institucional contra comunidades migrantes.
La indignación social se ha intensificado en las últimas semanas tras la muerte de Renee Good, una mujer de 37 años y madre de tres hijos, quien recibió disparos de un agente del ICE cuando se encontraba en su vehículo el pasado 7 de enero. Este caso se convirtió en un punto de quiebre para amplios sectores de la sociedad en Minnesota, que ya venían denunciando un uso excesivo de la fuerza por parte de autoridades migratorias.
A ello se suma la detención de varios menores de edad, entre ellos un niño de cinco años que permanece recluido junto a su padre en un centro de detención en San Antonio, Texas. Estos hechos han alimentado la percepción de indefensión entre residentes y activistas, que acusan al ICE de actuar sin sensibilidad social ni controles efectivos.
En medio de este escenario, la visita del vicepresidente J.D. Vance a Minneapolis encendió aún más los ánimos. El funcionario sostuvo reuniones con agentes del ICE como muestra de respaldo a las políticas migratorias del Gobierno federal, gesto que fue interpretado por los manifestantes como una provocación y una validación política de las redadas.
Las operaciones a gran escala en Minnesota fueron ordenadas por el Gobierno de Trump a inicios de enero, luego de que un documental difundido por un youtuber conservador reavivara señalamientos sobre el presunto uso indebido de fondos federales en guarderías operadas por miembros de la comunidad somalí, un grupo que el propio presidente ha señalado en repetidas ocasiones con un discurso estigmatizante.
El conflicto en Minneapolis refleja un debate más amplio en Estados Unidos sobre migración, seguridad y derechos civiles, con implicaciones políticas que trascienden lo local y vuelven a colocar la agenda migratoria en el centro de la polarización nacional.
Deja una respuesta