Por Bruno Cortés
En el Congreso mexicano volvió a ponerse sobre la mesa un tema que muchas veces se da por resuelto en el discurso, pero que en la práctica sigue generando problemas: la discriminación. La diputada Mónica Elizabeth Sandoval Hernández plantea que ya no basta con buenas intenciones, sino que todas las instituciones —públicas y privadas— estén obligadas a tener protocolos claros para garantizar un trato digno e incluyente.
La iniciativa busca modificar la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación para que no quede a criterio de cada institución cómo atender a las personas, especialmente cuando se trata de orientación sexual, identidad o expresión de género. En palabras sencillas: que haya reglas claras y obligatorias para evitar malos tratos o exclusión.
¿Y por qué es necesario esto? Porque, aunque México ha avanzado en leyes de derechos humanos, la realidad es que la discriminación sigue presente en muchos espacios. La propia diputada señala que la población LGBTTTIQ+ ha enfrentado históricamente desde persecución hasta exclusión en servicios básicos, lo que evidencia que el problema no es solo individual, sino estructural.
Aquí entra el concepto de política pública. Lo que se propone no es solo un cambio legal, sino una forma de obligar al Estado y a las instituciones a actuar de manera preventiva. Es decir, no esperar a que haya una denuncia, sino establecer mecanismos desde antes para garantizar igualdad en la atención, ya sea en hospitales, escuelas, oficinas gubernamentales o empresas.
En términos prácticos, esto implica capacitación del personal, lineamientos de atención y protocolos que eviten decisiones arbitrarias. La idea es que cualquier persona, sin importar quién sea, reciba el mismo trato al solicitar un servicio.
El fondo del asunto tiene que ver con cómo se construyen las reglas del juego en una sociedad. Cuando no existen lineamientos claros, los prejuicios personales pueden influir en decisiones que afectan derechos básicos. Por eso, esta propuesta busca cerrar ese margen y convertir la igualdad en una obligación operativa, no solo en un principio constitucional.
Además, la iniciativa pone el dedo en una realidad incómoda: la discriminación no solo viene de actitudes individuales, sino de estructuras sociales que la reproducen. Factores como el patriarcado o la heteronormatividad, aunque suenen técnicos, se traducen en prácticas cotidianas que excluyen a ciertos grupos.
Si avanza en el Congreso, esta reforma podría cambiar la forma en que se prestan servicios en el país, obligando a instituciones a revisar cómo tratan a las personas. No es menor: implica pasar de una lógica de reacción a una de prevención, algo clave en cualquier política pública moderna.
Al final, el objetivo es sencillo de entender: que nadie tenga que preocuparse por ser discriminado al acudir a una institución. Pero lograrlo implica algo más complejo: cambiar reglas, procesos y, poco a poco, también mentalidades.
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