El gobierno de José Jerí dio un paso firme este miércoles: cualquier persona que intente entrar a Perú sin documentación quedará fuera. En su visita a Tacna, región fronteriza con Chile, el mandatario afirmó con contundencia que “todas las personas que no tengan sus documentos en regla no son bienvenidas”.
La medida forma parte de una política migratoria más estricta: Perú declaró estado de emergencia en la frontera con Chile, para reforzar controles con policía y militares. El objetivo, según el gobierno, es evitar una entrada masiva de migrantes en situación irregular que, dicen, superaría la capacidad del país.
El canciller peruano, Hugo de Zela, remarcó que “ya tienen cientos de miles de migrantes” y que no están “en condiciones de recibir más”. Además, anunció la creación de un comité binacional de cooperación migratoria con Chile, que empezará a funcionar pronto, como intento de coordinación entre ambos países frente a la situación.
Aunque el gobierno indica que la frontera estará cerrada para los indocumentados, también aceptó que habrá “analisis caso por caso” ante personas vulnerables que puedan necesitar protección humanitaria.
El contexto detrás de esta decisión es complejo: recientes movimientos de migrantes, muchos de ellos venezolanos, hacia la frontera entre Chile y Perú, ante una crisis migratoria acelerada por cambios políticos —entre ellos las amenazas de expulsión desde Chile—, han tensionado el control fronterizo.
La actitud del gobierno ha generado polémica: mientras algunos sectores aplauden la defensa de la soberanía y el orden, otros advierten del riesgo de una crisis humanitaria si el país bloquea de forma generalizada la entrada, incluso a personas vulnerables.
Lo que queda claro es que Perú, por ahora, cierra sus puertas a la migración irregular. El desafío será balancear seguridad, control territorial y principios de derechos humanos en un contexto cada vez más migratorio en la región.
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