Por Juan Pablo Ojeda
En la antesala de la renovación de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), el PAN en la Ciudad de México encendió las alertas y volvió a poner sobre la mesa un tema que, aunque técnico, tiene implicaciones directas en cómo se reparten el poder y las decisiones públicas en el país.
La presidenta del PAN CDMX, Luisa Gutiérrez Ureña, acusó que tres aspirantes a consejeros del INE —junto con dos exintegrantes del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM)— habrían participado en un presunto fraude electoral durante la integración del Congreso capitalino en 2024. Según su versión, esa maniobra permitió modificar la distribución de diputaciones plurinominales y, con ello, beneficiar a Morena y sus aliados.
Para entenderlo fácil: en México, no todos los diputados se ganan directamente en las urnas. Algunos se asignan por representación proporcional, es decir, según el porcentaje de votos que obtiene cada partido. Lo que denuncia el PAN es que, durante ese proceso en la CDMX, se “movieron piezas” de último momento.
¿Cómo? De acuerdo con la dirigencia panista, se detuvo el reloj electoral en plena sesión del IECM, lo que abrió la puerta para que algunos legisladores electos, originalmente identificados con Morena, solicitaran ser contabilizados como parte de partidos aliados como el PVEM o el PT. Ese ajuste cambió la fórmula y terminó reduciendo espacios para la oposición.
El resultado, según el PAN, fue una sobrerrepresentación del oficialismo: con menos de la mitad de los votos, habría obtenido cerca de dos terceras partes del Congreso local. Esto, en términos de política pública, no es menor, porque una mayoría amplia facilita aprobar reformas sin necesidad de negociar con otras fuerzas.
Por eso el señalamiento no es sólo político, también institucional. Lo que está en juego es la imparcialidad de quienes aspiran a ser árbitros electorales a nivel nacional. El INE, en teoría, debe garantizar condiciones equitativas en las elecciones, por lo que cualquier duda sobre la independencia de sus consejeros pega directo en la confianza del sistema.
Desde el PAN advierten que no respaldarán estos perfiles y acusan que existe el riesgo de que el órgano electoral se incline hacia el oficialismo. Incluso califican el proceso de selección como una “simulación”, cuestionando tanto las entrevistas como los exámenes aplicados.
Del otro lado, aunque no se incluye su postura en este posicionamiento, el proceso sigue su curso institucional. Será el Congreso el que, con mayoría calificada, defina a los nuevos consejeros, lo que abre otra capa del problema: la designación depende, en última instancia, de acuerdos políticos.
Este episodio refleja algo más amplio en la política mexicana actual: la disputa por las reglas del juego. No sólo se trata de quién gana elecciones, sino de quién organiza, valida y da certeza a esos resultados. Y cuando esas reglas se cuestionan, el debate deja de ser técnico y se vuelve profundamente político.
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