Por Bruno Cortés
En medio del jaloneo político que suele acompañar cualquier cambio en las reglas del agua —un recurso que en Chihuahua vale casi oro—, la diputada Lilia Aguilar Gil salió a aclarar de qué va realmente la nueva Ley de Aguas aprobada en el estado. Según ella, esta reforma no es un arma contra grupos específicos ni una herramienta para perseguir apellidos conocidos, sino un intento por poner orden en un sector donde, por años, el que más ha tenido es el que más ha podido acaparar.
La legisladora del PT explicó que el objetivo central es regularizar el uso del agua y darle certeza jurídica a quienes llevan años trabajando la tierra de manera legal, pero que terminan compitiendo en desventaja frente a quienes perforan pozos sin permiso o venden el agua como si fuera mercancía privada. Y fue directa: “Esta ley no está hecha en contra de los LeBarón… está hecha para atacar a los delincuentes que han utilizado la venta del agua y que dejan a los pequeños campesinos en despojo”. Así, sin filtros.
Lo que busca la ley, en términos simples, es poner un alto a quienes usan más agua de la que les toca o la comercializan sin autorización. Y para eso la pieza clave será la Conagua, encargada de levantar censos, registrar pozos, fijar reglas claras y vigilar que el proceso de regularización avance. Nada de hacerlo de golpe: el plan es tomarse hasta 180 días para ordenar el panorama, revisar expedientes y garantizar que cada permiso se otorgue con transparencia.
Pero también hay dientes. Si alguien decide seguir explotando el agua de forma ilegal y afectar a comunidades enteras, la ley contempla sanciones que pueden llegar a dos años de prisión. No es un castigo menor, y su función es justamente disuadir a quienes operan fuera de la ley y que durante años han generado conflictos entre agricultores, comunidades y autoridades.
Aguilar Gil insiste en que esta reforma busca proteger a los agricultores legales, sobre todo a los más pequeños, aquellos que dependen de cada gota para sobrevivir y que en tiempos de sequía son los primeros en quedarse sin recurso. De ahí la insistencia en que esto no se trata de apellidos o rivalidades políticas, sino de garantizar que municipios y comunidades vulnerables reciban su parte justa.
En medio de estas aclaraciones, la diputada también respondió a un reclamo interno: un integrante del Frente Civil para el Rescate del Campo Mexicano, encabezado por el morenista Eraclio Rodríguez, acusó que ella habría alterado un documento que el Frente entregó al Congreso. Aguilar lo negó frontalmente y calificó la acusación como “un desacierto”, asegurando que los siete temas planteados por el Frente sí fueron incluidos en las reservas que presentaron. Incluso invitó al propio Rodríguez a aclarar públicamente el malentendido.
En el fondo, la discusión sobre la nueva Ley de Aguas no es solo jurídica: es el retrato de un estado donde la desigualdad en el acceso al recurso alimenta tensiones entre productores grandes y pequeños. Y donde, como siempre, la política y las narrativas públicas pueden terminar confundiendo lo que debería ser simple: ordenar, equilibrar y garantizar que el agua llegue primero a quienes más la necesitan.
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