Por Bruno Cortés
El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, presentó una serie de ajustes al dictamen de la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Extorsión, una propuesta que, según dijo, busca darle al Estado las herramientas necesarias para devolverle paz y tranquilidad a las familias mexicanas.
En palabras sencillas, Monreal plantea una ley que unifique los criterios en todo el país y que sirva para que municipios, estados y Federación trabajen de forma coordinada contra uno de los delitos más extendidos y temidos: la extorsión. Ese cobro de “cuotas” que padecen comerciantes, transportistas, agricultores y pequeños empresarios, y que en muchos casos se convierte en una condena silenciosa.
El morenista fue claro: la extorsión ya es un cáncer social. Solo en la primera mitad de 2025, casi seis mil personas denunciaron haber sido víctimas, y eso sin contar a quienes callan por miedo o desconfianza. Por eso, las modificaciones que presentó buscan cerrar huecos legales y fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno para prevenir, investigar y sancionar este delito con mayor eficacia.
Entre las adecuaciones propuestas, Monreal explicó que se ajustan las penas: para el extorsionador se mantiene un castigo de hasta 15 años de prisión, mientras que para los servidores públicos que encubran o no denuncien un acto de extorsión, se propone una sanción de cinco a doce años, en lugar del rango de 10 a 20 que estaba previsto. “No se puede castigar más duro al que calla que al que comete la extorsión”, argumentó.
Otra parte importante del proyecto tiene que ver con el dinero que se recupera de estos delitos. Actualmente, los bienes decomisados por la justicia suelen ir al erario público, pero Monreal propone que se usen directamente para reparar el daño a las víctimas. La idea, dijo, es hacer justicia real, no solo simbólica: “Que los activos recuperados no se diluyan en los fondos públicos, sino que se destinen a quien fue afectado.”
Además, se incluirán campañas permanentes de información y prevención, para que la ciudadanía conozca las distintas formas en que operan los extorsionadores y se anime a denunciar sin miedo. Este punto es clave, porque buena parte del problema radica en la desconfianza: muchas personas prefieren no reportar por temor a represalias o porque no creen que las autoridades respondan.
Monreal también recordó que el Congreso ya había aprobado una reforma constitucional al artículo 73, que faculta a los legisladores a crear esta ley general. La intención es que exista un solo tipo penal en todo el país, lo que facilitará las investigaciones y evitará que los delincuentes se escuden en vacíos legales entre estados.
En resumen, la propuesta busca que la lucha contra la extorsión deje de ser solo un discurso político y se convierta en una política pública real y medible, con reglas claras, coordinación entre autoridades y un enfoque centrado en la víctima.
“Estas reformas no solo fortalecen la ley, sino también la confianza de la gente en sus instituciones”, dijo Monreal. “La extorsión no puede seguir siendo una tragedia cotidiana. El Estado tiene que recuperar su autoridad y garantizar la seguridad de quienes todos los días trabajan por ganarse la vida honestamente.”
Con esta iniciativa, el legislador morenista intenta darle un nuevo sentido a la política de seguridad: menos burocracia, más justicia directa. Porque cuando la ley logra proteger a quien más lo necesita, ahí sí se empieza a hablar de paz verdadera.
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