Por Bruno Cortés
En la discusión pública sobre el agua, pocas cosas pesan tanto como la sensación de que este recurso, que debería ser de todos, ha terminado en manos de quienes pueden pagarlo o explotarlo mejor. Por eso, cuando el diputado Óscar Iván Brito Zapata habla de la nueva Ley de Aguas como un “avance importante”, no lo hace desde la retórica, sino desde un contraste muy claro: la diferencia entre tratar el agua como mercancía—como lo hacía la ley de 1992—y tratarla como un derecho humano.
El legislador de Morena explica que la iniciativa, presentada por la presidenta de la República, ya venía cargada de un cambio profundo: poner el acceso al agua al centro de la política pública. Nada de verla como producto de mercado ni como oportunidad de negocio para unos cuantos. Ahora se trata de garantizar que llegue a todas las personas, sin importar su tamaño económico o su ubicación.
Pero lo más interesante es que el documento no quedó tal cual llegó. Brito Zapata cuenta que hubo más de 50 modificaciones hechas tras escuchar a especialistas, productores, organizaciones sociales y hasta a la propia titular del Ejecutivo. En un Congreso tan polarizado, ese número refleja que hubo apertura para ajustar, corregir y fortalecer la propuesta. Y lo que quedó, según él, es un marco legal que realmente se actualiza con las necesidades del país.
En esta nueva visión, el agua no deja de relacionarse con la iniciativa privada, pero sí se marca una línea clara: por encima de los intereses económicos está el derecho humano al recurso. Las empresas podrán participar en algunos procesos, pero bajo reglas estrictas y con la obligación de cuidarlo, sin privilegios ni márgenes para abusos.
El diputado enfatiza algo que en el campo importa muchísimo: las concesiones actuales de ejidatarios, campesinos y pequeños productores se respetan. No solo eso: se mantiene la posibilidad de heredar esos derechos, como ha pasado por generaciones. Así, quien hoy tiene un pozo o un cuerpo de agua asignado puede estar tranquilo de que podrá dejarlo a sus hijos y nietos, igual que lo recibió de sus padres o abuelos. En términos simples, la ley no rompe tradiciones productivas ni pone en riesgo la estabilidad familiar del campo.
Brito Zapata también destacó el impacto que tendrá para estados con suelos frágiles, como Yucatán. Ahí, donde los cenotes son auténticos tesoros naturales y reservorios de agua, la nueva ley permitirá implementar criterios más estrictos de protección. Y es lógico: un suelo kárstico no tolera abusos, filtraciones ni sobreexplotación, porque cualquier daño afecta directamente a los mantos acuíferos.
La narrativa del diputado es clara: esta ley no solo ordena el uso del agua, sino que reconoce su valor estratégico para la vida, la agricultura y el futuro del país. Por primera vez en décadas, se le deja de ver como una oportunidad de negocio y se le coloca en el lugar que debe tener: un derecho de todas y todos.
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