Por Juan Pablo Ojeda
La economía informal volvió a ganar terreno en México y dejó una señal clara sobre uno de los grandes pendientes del país. En 2024, este sector aportó 25.4 por ciento del Producto Interno Bruto, un aumento de 0.7 puntos porcentuales respecto a 2023, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El dato no es menor. Significa que uno de cada cuatro pesos que se producen en la economía mexicana proviene de actividades que operan fuera del marco legal completo. El resultado forma parte de la Medición de la Economía Informal, un ejercicio que permite dimensionar cuánto pesan estas actividades en la producción nacional y qué tan profunda es su presencia en la vida cotidiana.
Según el Inegi, del total de la economía informal, 14.5 por ciento corresponde al llamado sector informal, es decir, micronegocios que no cuentan con registros legales básicos para operar. El resto, 10.9 por ciento, proviene de otras modalidades de la informalidad, como el trabajo agrícola —incluida la agricultura de subsistencia—, el servicio doméstico remunerado y diversos empleos sin protección legal, incluso cuando están vinculados a empresas formales.
En 2024, la economía informal participó con 25.4% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional en valores corrientes. En otras palabras, por cada 100 pesos del PIB del país, las personas ocupadas formales generaron 75 y las ocupadas en informalidad, 25 pesos.
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— INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) December 17, 2025
Uno de los datos que más llama la atención es la enorme brecha entre empleo y producción. En 2024, más de la mitad de la población ocupada del país, el 54.4 por ciento, trabajó en condiciones de informalidad, pero ese amplio universo de personas solo generó el 25.4 por ciento del PIB. En contraste, el sector formal, con apenas 45.6 por ciento de la ocupación, fue responsable de 74.6 por ciento de la riqueza nacional.
Dicho en términos simples: por cada 100 pesos que produce México, 75 los generan trabajadores formales y 25 quienes laboran en la informalidad. Esto refleja no solo una diferencia en productividad, sino también en acceso a derechos, seguridad social y estabilidad laboral.
Para la política económica, estas cifras reavivan un debate central: cómo reducir la informalidad sin afectar el ingreso de millones de familias que dependen de ella para sobrevivir. El reto no es menor y pasa por simplificar trámites, fortalecer a las pequeñas unidades productivas, mejorar los incentivos para la formalización y garantizar que entrar a la economía formal signifique mejores condiciones de vida.
La informalidad, más que una anomalía, sigue siendo una pieza estructural de la economía mexicana. Las cifras del Inegi confirman que, mientras no se atienda de fondo, seguirá creciendo y marcando el ritmo de una parte importante del desarrollo del país.
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