Por Juan Pablo Ojeda
Las elecciones judiciales de 2024 en México, una de las reformas más polémicas del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, siguen generando cuestionamientos. Un informe coordinado por la Fundación Konrad Adenauer concluye que el proceso fue una “simulación electoral” marcada por irregularidades, baja participación y falta de transparencia.
Para entender la dimensión del tema, hay que recordar que se trató de una elección inédita: más de 800 jueces y magistrados fueron elegidos por voto popular. La idea, en papel, era democratizar el Poder Judicial. Pero en la práctica, según el estudio elaborado junto con organizaciones como México Evalúa, el resultado fue muy distinto.
El dato más claro es la participación: apenas 13% del padrón electoral acudió a votar. Es decir, una minoría decidió sobre cargos clave del sistema de justicia. Para los analistas, esto refleja un problema de diseño y organización que terminó por alejar a la ciudadanía en lugar de involucrarla.
El informe también señala algo más delicado: que el proceso habría favorecido a perfiles cercanos al gobierno. Según sus hallazgos, la totalidad de los jueces electos para la Suprema Corte de Justicia de la Nación contaron con respaldo oficial, al igual que una parte significativa de magistrados y jueces federales. Esto, advierten, pone en duda la independencia del Poder Judicial.
En términos simples, el señalamiento es fuerte: en lugar de equilibrar poderes, la reforma podría haber inclinado la balanza hacia el Ejecutivo. Esa es la base de la acusación de “simulación”, es decir, un proceso que aparenta ser democrático, pero que en la práctica no garantiza competencia real ni condiciones equitativas.
A esto se suman irregularidades durante la jornada electoral. El reporte documenta casos de propaganda indebida, funcionarios que habrían influido en votantes y fallas en la supervisión del traslado de boletas. Incluso hubo contiendas sin competencia: en decenas de casos, solo se registró un candidato, lo que elimina cualquier posibilidad de elección real.
El tema no pasó desapercibido a nivel internacional. Desde la Organización de las Naciones Unidas, el alto comisionado Volker Türk advirtió que este modelo podría debilitar la independencia judicial y afectar el Estado de derecho en México.
Frente a este panorama, los especialistas proponen ajustes de cara a futuras elecciones judiciales, previstas para 2027: reducir el número de cargos en disputa, evitar candidaturas únicas y mejorar la claridad de las reglas. En el fondo, se trata de corregir un modelo que, según el diagnóstico, no logró generar confianza.
Así, lo que comenzó como una apuesta por democratizar la justicia terminó abriendo un debate más profundo: hasta qué punto elegir jueces por voto popular fortalece la democracia o, por el contrario, la pone en riesgo.
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