Por Bruno Cortés
En el Congreso no todo es grilla, aunque muchas veces así lo parezca. A veces, detrás de declaraciones duras y acusaciones cruzadas, hay procesos largos, técnicos y poco entendibles para quien no vive en el mundo legislativo. Eso es justo lo que hoy ocurre con el caso del senador Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, y la solicitud para retirarle el fuero.
Hugo Eric Flores Cervantes, diputado de Morena y presidente de la Sección Instructora, salió a poner orden en el relato. Su mensaje fue claro: aquí no se trata de venganzas políticas ni de pasar facturas partidistas, sino de seguir la ley al pie de la letra. Según explicó, el análisis que se está haciendo busca llegar a un dictamen “pulcro e inimpugnable”, es decir, uno que no se caiga ante un juez por errores técnicos o prisas políticas.
Para entenderlo en sencillo: la Sección Instructora es como un filtro legal dentro de la Cámara de Diputados. No decide si alguien es culpable o inocente, sino si existen los elementos necesarios para que una fiscalía pueda llevar un caso ante los tribunales, aun cuando se trate de un legislador con fuero. Por ahora, no hay reunión formal porque están revisando documentos, carpetas de investigación y requisitos legales antes de dar el siguiente paso.
El expediente no es menor. La solicitud incluye cinco carpetas de investigación donde se señala al senador, de manera presunta, por uso indebido de atribuciones y peculado. Lo que revisan los diputados no es el escándalo mediático, sino si esas carpetas cumplen con lo que marca la ley para permitir que se ejerza acción penal. Si algo falta o está mal integrado, el proceso simplemente no avanza.
Flores Cervantes rechazó que el asunto esté “congelado”, una palabra muy usada en la política mexicana cuando un caso se empantana a propósito. Aseguró que el procedimiento sigue su curso y que hay pruebas de un trabajo continuo, aunque no siempre visible para el público.
Ante las acusaciones de Alejandro Moreno, quien insiste en que es víctima de persecución política por ser opositor, el diputado respondió con frialdad jurídica. Dijo que cada quien construye su narrativa, pero que la Sección Instructora está enfocada exclusivamente en la legalidad. Cuando exista un dictamen, se garantizará el derecho de audiencia, como marca la Constitución.
El debate de fondo, y quizá el más interesante, es el del fuero. Flores Cervantes planteó algo que conecta con una vieja discusión en México: el fuero debería proteger la libertad de expresión y la labor legislativa, pero no servir como escudo frente a delitos ajenos a la función parlamentaria. En pocas palabras, defender lo que se dice en tribuna, no lo que se hace fuera de ella. Según su visión, la inmunidad procesal se ha abusado durante años y necesita replantearse.
También aclaró un punto técnico que había generado ruido. Una solicitud anterior fue retirada porque tenía un error básico: señalaba a Alejandro Moreno como diputado, cuando ya es senador. Al corregir eso, la Fiscalía de Campeche presentó una nueva solicitud distinta, lo que dejó sin efecto el procedimiento previo. No fue borrón y cuenta nueva por capricho, sino un ajuste legal necesario.
Finalmente, el diputado explicó que el caso corresponde a la Fiscalía Anticorrupción de Campeche y descartó que exista riesgo de que los delitos prescriban. Las acciones legales en curso, dijo, detienen el reloj.
Así, mientras afuera se gritan consignas y se cruzan acusaciones, dentro del Congreso el proceso avanza a paso lento, pero firme. No es un juicio político ni una sentencia anticipada, sino una prueba más de hasta dónde puede —o quiere— llegar el Estado mexicano cuando la ley toca a figuras de alto perfil.
Deja una respuesta