Por Juan Pablo Ojeda
Casi un mes después del ataque que sacudió a la clase política sinaloense, el diputado de Movimiento Ciudadano Sergio Torres Félix fue dado de alta y continuará su recuperación en casa. El legislador abandonó el Hospital Ángeles en Culiacán tras haber sido sometido, según informó el gobernador Rubén Rocha Moya, a por lo menos dos cirugías en la cabeza y a la reconstrucción de una mano.
El atentado ocurrió el 28 de enero en la zona centro de Culiacán, cuando Torres viajaba junto a su compañera de bancada, la diputada Elizabeth Montoya Ojeda. Ambos fueron atacados a disparos mientras se encontraban a bordo de una camioneta. El chofer resultó con lesiones menores, pero los legisladores requirieron atención médica especializada inmediata.
Montoya fue dada de alta semanas antes, aunque el ataque le dejó una secuela permanente: perdió un ojo. Aun así, declaró públicamente que tiene la intención de continuar con su labor legislativa y que no tiene claridad sobre el motivo de la agresión. Según sus propias palabras, tanto ella como Torres han trabajado bajo una línea de respeto y responsabilidad, y nunca habían recibido amenazas previas.
En términos simples, lo que pasó no es solo un hecho violento aislado. Es un golpe directo a representantes populares en funciones, algo que en cualquier democracia prende focos rojos. Cuando un diputado es atacado, no solo está en juego su integridad personal, sino la seguridad de quienes ejercen cargos públicos y la estabilidad institucional.
La investigación avanza. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó la detención de Emir Bazoco, alias “Compa Güero”, presuntamente ligado a la facción criminal conocida como Los Chapitos. Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa ha señalado que al menos seis personas habrían participado en el atentado y mantiene abiertas tres líneas de investigación. La fiscal Claudia Zulema Sánchez indicó que cuentan con identidades y fragmentos de huellas recabados en los vehículos involucrados.
En lo político, el caso pone sobre la mesa el tema de la seguridad en Sinaloa y en el país. No se trata solo de estadísticas, sino de la protección de funcionarios electos y del mensaje que envían estos ataques. Para la ciudadanía, la pregunta es inevitable: si quienes legislan no están a salvo, ¿qué garantías existen para el resto?
Por ahora, Sergio Torres inicia una etapa de rehabilitación física mientras las autoridades continúan las indagatorias. El atentado dejó heridas visibles y otras más profundas en el debate público sobre violencia, crimen organizado y seguridad institucional en México.
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