Por Juan Pablo Ojeda
La detención de César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Bótox”, señalado como presunto responsable del homicidio del líder citrícola Bernardo Bravo Manríquez, es un paso relevante, pero todavía insuficiente para hablar de justicia plena. Así lo afirmó su esposa, Amelí Gisela Navarro Lepe, durante una conferencia de prensa en Morelia, donde dejó claro que el proceso legal apenas comienza y que el verdadero reto está en lo que ocurra a partir de ahora.
Navarro Lepe explicó, en un tono firme pero prudente, que una captura no cierra un caso ni garantiza que la verdad salga a la luz. Para ella, la justicia implica que las autoridades den seguimiento puntual a la investigación, actúen con rigor y respeten el debido proceso hasta que se esclarezcan completamente los hechos y se sancione a todos los responsables, no solo a quien haya ejecutado el crimen.
La viuda de Bernardo Bravo, quien además es magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, reconoció el trabajo de las instituciones estatales y federales que lograron la detención del sospechoso. Sin embargo, subrayó que este logro debe entenderse únicamente como el inicio de un camino más largo, en el que la responsabilidad del Estado es garantizar que no haya impunidad.
Recordó que su esposo no era solo productor limonero, sino también un activista que defendía los derechos económicos del sector agrícola en Michoacán, una actividad que lo colocó en un contexto de presión, violencia y amenazas que viven desde hace años muchos productores del campo. Por eso, dijo, su asesinato tiene una dimensión social que va más allá del ámbito familiar.
Amelí Gisela Navarro insistió en que el homicidio de Bernardo Bravo marcó profundamente al sector citrícola, especialmente a los productores de limón, quienes han denunciado extorsiones y agresiones de manera reiterada. En ese sentido, advirtió que las autoridades no deben bajar la guardia ni dar el caso por resuelto solo con una detención.
Finalmente, reiteró su confianza en que las instancias encargadas de la procuración de justicia actúen con responsabilidad y transparencia, para que el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez no quede impune y se envíe un mensaje claro de que la ley debe proteger también a quienes defienden al campo y a la economía local en Michoacán.
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