Por Bruno Cortés
En el Congreso mexicano se abrió un debate que toca directamente la vida cotidiana de millones de familias: qué tan preparadas están las escuelas para enfrentar una emergencia médica. La diputada Claudia Gabriela Salas Rodríguez, junto con su compañera Amancay González Franco, propone que ya no sea opcional, sino obligatorio que el personal escolar sepa reaccionar ante situaciones críticas como un paro cardiaco.
La iniciativa busca modificar la Ley General de Educación para incluir algo muy concreto: capacitación y certificación en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP) dentro de los planteles educativos. En pocas palabras, que maestras, maestros y personal escolar tengan las herramientas para actuar en los primeros minutos de una emergencia, que muchas veces son decisivos.
Aquí vale la pena aterrizarlo. Cuando ocurre un paro cardiorrespiratorio, cada minuto cuenta. La diferencia entre que alguien sepa aplicar RCP o no, puede ser literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. Y el problema, según las legisladoras, es que hoy la mayoría de las escuelas no está preparada para eso.
La propuesta también va un paso más allá: no solo busca capacitar a quienes ya trabajan en escuelas, sino incluir estos conocimientos en la formación de futuros docentes. Es decir, que desde que alguien se prepara para ser maestro, ya tenga claro cómo actuar ante una emergencia médica.
En términos de política pública, esto representa un cambio importante. Hoy el sistema educativo se enfoca principalmente en enseñar y reaccionar cuando algo pasa. Lo que se plantea aquí es cambiar la lógica hacia la prevención: anticiparse a los riesgos y tener protocolos claros antes de que ocurra una crisis.
Además, el planteamiento se conecta con el llamado “interés superior de la niñez”, un principio que obliga al Estado a priorizar la seguridad y bienestar de niñas, niños y adolescentes. Bajo esa lógica, no basta con garantizar educación; también se debe asegurar que ese entorno sea seguro.
Las diputadas argumentan que el entorno escolar es uno de los espacios donde más tiempo pasan los menores, por lo que no puede depender de la suerte o de la llegada tardía de servicios de emergencia. La escuela, dicen, debe estar lista para responder en el momento.
Si esta reforma avanza, implicaría cambios prácticos: capacitaciones obligatorias, certificaciones periódicas y ajustes en los planes de estudio de las normales y universidades. También abriría la discusión sobre presupuesto, porque capacitar a miles de escuelas en todo el país no es menor.
Al final, la propuesta pone sobre la mesa una pregunta sencilla pero poderosa: si sabemos que la RCP salva vidas, ¿por qué no garantizar que todas las escuelas estén preparadas para aplicarla?
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