Un presunto intento de fuga registrado en el Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, ha encendido alertas sobre posibles actos de corrupción al interior del sistema penitenciario capitalino. De acuerdo con denuncias difundidas en redes sociales, el incidente habría contado con la complicidad de custodios y mandos, quienes presuntamente recibieron dinero para omitir el reporte ante autoridades ministeriales.
Según versiones difundidas entre el 6 y 7 de abril de 2026 en plataformas como X (antes Twitter) y Facebook, autoridades penitenciarias habrían cobrado hasta 30 mil pesos para no informar al Ministerio Público sobre el intento de evasión. La acusación señala que, como parte de la maniobra, se permitió un festejo dentro del penal —con cubetas de agua y harina— con el objetivo de distraer la vigilancia y facilitar la posible salida de una interna.
Hasta el momento, ni la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ni la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México han emitido una postura oficial detallada sobre estos hechos, lo que mantiene el caso en el terreno de denuncias no confirmadas. No obstante, la gravedad de las acusaciones ha generado exigencias de investigación por parte de usuarios y organizaciones civiles.
El caso revive antecedentes recientes en el mismo centro penitenciario. En 2023, autoridades reportaron un intento de fuga frustrado gracias al sistema de videovigilancia, lo que derivó en el reforzamiento de medidas de seguridad. Sin embargo, los nuevos señalamientos sugieren que las fallas estructurales podrían persistir, especialmente en el control interno del personal.
El Centro Femenil de Santa Martha Acatitla ha sido señalado en años recientes por diversos problemas, entre ellos denuncias de abuso de autoridad y corrupción. En 2025, se reportaron irregularidades atribuidas a mandos penitenciarios, incluyendo acusaciones contra una subdirectora por presuntos actos indebidos, lo que derivó en investigaciones administrativas, de acuerdo con reportes institucionales.
Asimismo, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha documentado en distintos informes condiciones de vulnerabilidad en centros de reclusión, señalando prácticas como extorsión, autogobierno y deficiencias en la supervisión del personal, factores que podrían facilitar este tipo de incidentes.
Especialistas en seguridad penitenciaria advierten que la corrupción interna es uno de los principales riesgos para la gobernabilidad en centros de reclusión. La falta de controles efectivos, así como la colusión entre internos y custodios, puede derivar en situaciones que comprometen tanto la seguridad del penal como la integridad de las personas privadas de la libertad.
Ante este panorama, se espera que las autoridades capitalinas esclarezcan los hechos y determinen responsabilidades. La transparencia en la investigación será clave para restablecer la confianza pública y garantizar que no se repitan episodios similares en el sistema penitenciario de la Ciudad de México.
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