Como parte de la fiscalización de la Cuenta Pública 2025, la ASF revisó la aplicación de poco más de 27 mil 212 millones de pesos correspondientes a participaciones federales transferidas por la Federación al Gobierno de la Ciudad de México para su posterior distribución entre las alcaldías. De acuerdo con el informe, la auditoría generó nueve resultados: cinco no presentaron observaciones y cuatro fueron solventados por la administración capitalina antes de la emisión del informe definitivo.
Pese a ello, la Auditoría destacó la importancia de mejorar la transparencia en torno al proceso de asignación de los recursos. El señalamiento no responde a la existencia de desvíos de recursos o daños al erario, sino a la necesidad de que los criterios de distribución sean públicos, comprensibles y verificables para la ciudadanía, los órganos legislativos y las propias demarcaciones territoriales.
Entre los aspectos que suelen ser objeto de observación en este tipo de auditorías se encuentran la publicación de las fórmulas empleadas para calcular la distribución de recursos, los calendarios de ministración, los montos asignados a cada alcaldía y la documentación de cualquier modificación a los criterios utilizados. La ausencia o limitada difusión de esta información puede dificultar la evaluación pública sobre el destino del presupuesto.
Las participaciones federales representan una de las principales fuentes de financiamiento para las alcaldías, ya que permiten cubrir gastos relacionados con servicios públicos, mantenimiento de infraestructura, seguridad, programas sociales y operación administrativa. En ese contexto, especialistas en finanzas públicas han señalado que la transparencia en los mecanismos de distribución resulta indispensable para garantizar una asignación equitativa de los recursos conforme a las necesidades de cada territorio.
El tema adquiere especial relevancia ante los retos urbanos que enfrenta la capital, como el crecimiento de la demanda de servicios, la atención de zonas con distintos niveles de rezago social y la organización de eventos de gran escala, entre ellos el Mundial de Futbol 2026. Una metodología clara y accesible permitiría evaluar si los recursos asignados responden a variables objetivas, como población, infraestructura, movilidad o niveles de marginación.
Asimismo, una mayor apertura en la información facilitaría el trabajo de organismos ciudadanos, académicos, medios de comunicación y órganos de fiscalización para dar seguimiento al ejercicio del gasto público y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas. También podría contribuir a reducir cuestionamientos sobre posibles criterios discrecionales o de carácter político en la asignación de recursos.
Entre las prácticas que suelen recomendar los órganos fiscalizadores para fortalecer la transparencia destacan la publicación de los criterios de distribución en formatos abiertos, la difusión periódica de los montos asignados por alcaldía, la explicación de cualquier modificación metodológica y la incorporación de indicadores territoriales que permitan justificar la asignación de recursos. La ASF reiteró que avanzar en estos mecanismos fortalecería la gobernanza financiera y la confianza en la administración de los recursos públicos.