El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México ordenó la suspensión gradual de la venta de animales vivos en el Mercado de Sonora a partir de enero de 2026, lo que obligará a alrededor de 80 locatarios a cambiar de giro comercial. La medida se enmarca en resoluciones judiciales que reconocen a los animales como seres sintientes y buscan reforzar su protección en espacios públicos de comercio.
De acuerdo con comerciantes y abogados, las clausuras recientes en el mercado fueron supervisadas por la alcaldía Venustiano Carranza, encabezada por Evelyn Parra, y respondieron a faltas administrativas, no a casos comprobados de maltrato animal. Señalan que no existieron procedimientos sancionadores por crueldad directa, pese a que el cierre ha sido presentado como una acción en favor del bienestar animal.
Especialistas como Alberto Vargas Lucio, dirigente del Movimiento Nacional de Comerciantes de Sonora (MONACOSO), y César Ríos, asesor jurídico de locatarios, advierten que la prohibición total podría fomentar un “mercado negro” operado por vendedores ambulantes, sin supervisión veterinaria ni controles sanitarios. A su juicio, se está criminalizando al comercio formal que opera bajo regulación, en lugar de fortalecer los mecanismos de inspección y mejora de condiciones.
En la misma línea, Aída Álvarez Salas, representante del Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México (COMVEMEX), y Gerardo Cleto López, de ConComercioPequeño, sostienen que las políticas prohibicionistas no consideran los foros de consulta realizados en años anteriores ni los usos y costumbres de comunidades indígenas y rurales de estados como Tlaxcala, Puebla y Morelos, donde la crianza y venta de animales forma parte de la economía local.
Entre los impactos previstos, los especialistas señalan que productos como codornices, lombrices, gallinas, peces y tortugas —utilizados en restaurantes, agricultura y acuacultura— podrían pasar de la venta legal a la clandestina. Esto, advierten, reduciría la trazabilidad sanitaria y aumentaría los riesgos de maltrato y enfermedades, en perjuicio tanto de los animales como de los consumidores.
Asimismo, la prohibición de jaulas ha sido cuestionada por obligar al uso de corrales mixtos, lo que podría incrementar agresiones entre especies, problemas sanitarios y costos adicionales de transporte diario para los comerciantes. La modalidad de “venta por catálogo”, promovida como alternativa, es considerada inviable y confusa por los locatarios, quienes alertan sobre posibles espacios para la corrupción y la informalidad.
Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, ha defendido las medidas como parte de una política integral de protección animal. La administración impulsa una nueva Ley de Protección y Bienestar Animal que prohíbe el enjaulamiento prolongado y las peleas de animales, además de establecer protocolos para atender la violencia familiar vinculada al maltrato animal. El Congreso capitalino reforzó esta visión al elevar a rango constitucional la prohibición del maltrato en diciembre de 2025, según informó el propio Poder Legislativo local.
Mientras las autoridades aseguran que habrá apoyos económicos y programas de reconversión para los locatarios afectados, comerciantes y especialistas insisten en que una regulación estricta, con supervisión veterinaria y diálogo con los sectores involucrados, sería más eficaz que un cierre total para garantizar el bienestar animal y evitar la expansión del comercio ilegal.
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