Desde el lunes, la capital del país enfrenta una serie de bloqueos y protestas encabezadas por piperos y trabajadores de purificadoras de agua, quienes reclaman las afectaciones derivadas del “Operativo Caudal”, implementado recientemente en el Estado de México.
El operativo, que busca frenar el robo de agua mediante tomas clandestinas, llevó a la clausura de al menos 51 pozos y al aseguramiento de diversas tomas irregulares. Sin embargo, esta medida ha afectado directamente a los operadores que dependen de dichos pozos para abastecer a miles de hogares, escuelas, hospitales y negocios tanto en la CDMX como en municipios mexiquenses.
Desabasto de agua afecta a hospitales y colonias populares
El cierre de pozos ha reducido drásticamente la disponibilidad de agua potable para el suministro mediante pipas, lo que ha generado falta de agua en hospitales, escuelas y colonias del oriente y norte de la ciudad. En zonas como Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Nezahualcóyotl, vecinos han reportado baja presión e interrupciones prolongadas en el servicio.
“Llevamos tres días sin que llegue el agua, dependemos totalmente de las pipas, pero dicen que no las dejan cargar”, denunció una vecina de la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, en Iztapalapa.
Bloqueos colapsan la movilidad
Las manifestaciones se han extendido a vialidades clave de la capital y del Estado de México, ocasionando graves afectaciones a la movilidad. Los principales puntos de bloqueo se registran en Calzada Ermita Iztapalapa, Avenida Central, la carretera México-Puebla y la México-Texcoco, donde largas filas de vehículos han provocado retrasos de hasta dos horas para miles de automovilistas.
Autoridades de la Secretaría de Gobierno de la CDMX han mantenido diálogo con los inconformes para liberar las vías, aunque los manifestantes exigen garantías para poder continuar con su labor sin ser criminalizados ni perder sus fuentes de ingreso.
Impacto económico y presión social
Los operadores de pipas y dueños de purificadoras aseguran que las restricciones del operativo han puesto en riesgo sus negocios, pues sin acceso a los pozos, no pueden trabajar. Esto ha generado una fuerte presión social y económica, mientras los ciudadanos resienten las consecuencias del desabasto y el caos vial.
El conflicto ha puesto sobre la mesa el debate sobre la gestión del agua en la Zona Metropolitana del Valle de México, donde el robo del líquido, la sobreexplotación y la distribución desigual agravan una crisis que hoy se refleja en las calles.















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