Desde temprana hora, alrededor de las 6:00, contingentes provenientes de Oaxaca, Guerrero y otras entidades comenzaron a arribar a la Plaza de la Constitución para instalar casas de campaña. El campamento permanecerá, de acuerdo con la organización, hasta el viernes 20 de marzo como parte de su jornada de protesta.
El paro responde a demandas históricas del magisterio disidente, entre ellas la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la revisión de la Reforma Educativa de 2019. La CNTE ha reiterado, en comunicados oficiales, que estas medidas afectan los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores de la educación.
De manera paralela, autoridades capitalinas informaron que desde las 9:00 horas se lleva a cabo una marcha que parte del Ángel de la Independencia con rumbo al Zócalo. El recorrido contempla avenidas como Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas y 5 de Mayo, generando cierres parciales y totales.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) y el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (OVIAL) reportaron afectaciones en vialidades clave como Paseo de la Reforma, así como en calles del primer cuadro, incluyendo Correo Mayor, Moneda y Corregidora. Las autoridades recomendaron anticipar traslados y utilizar rutas alternas.
Entre las alternativas viales sugeridas se encuentran Circuito Interior, Eje 1 Norte, Avenida Chapultepec y Viaducto, con el objetivo de evitar congestionamientos en la zona centro. Asimismo, se prevé que el impacto en la movilidad se extienda durante los tres días que dure la protesta.
Por su parte, el gobierno capitalino ha señalado, a través de canales institucionales, que se mantendrá un operativo de vigilancia y acompañamiento para garantizar la seguridad de manifestantes y ciudadanía, al tiempo que se busca mitigar los efectos en la movilidad urbana.
Este nuevo episodio de movilización magisterial reabre el debate sobre la efectividad de las reformas en materia educativa y de seguridad social, así como la capacidad de las autoridades para atender demandas históricas sin afectar de manera significativa la dinámica de una de las zonas más transitadas del país.
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