En redes sociales, el tema se posicionó rápidamente entre las principales tendencias, con posturas claramente divididas. Por un lado, usuarios celebraron el fin del régimen chavista y defendieron la acción estadounidense como una respuesta ante el crimen transnacional; por otro, se multiplicaron mensajes que calificaron la intervención como una violación al derecho internacional y una amenaza para la estabilidad regional.
En México, el debate tomó un matiz particular ante los antecedentes de presión de Washington en materia de seguridad. Analistas y usuarios recordaron que el expresidente estadounidense Donald Trump ha señalado en diversas ocasiones al narcotráfico mexicano como una amenaza directa para su país, llegando incluso a sugerir la posibilidad de acciones unilaterales contra los cárteles.
Este escenario encendió alertas entre sectores académicos, organizaciones civiles y juventudes urbanas, especialmente en la Ciudad de México, donde se han registrado expresiones de rechazo a cualquier forma de intervención extranjera. Para estos grupos, la experiencia venezolana refuerza el temor de que el combate al crimen organizado sea utilizado como pretexto para vulnerar la soberanía nacional.
En el ámbito diplomático, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reiteró la postura histórica de México basada en los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias, subrayando que el uso de la fuerza no constituye una vía legítima para resolver conflictos políticos internos de otros países.
El debate también llegó al terreno político interno. Mientras legisladores de la mayoría insistieron en que México no debe avalar ni normalizar intervenciones militares extranjeras, voces de la oposición plantearon la necesidad de revisar la cooperación bilateral con Estados Unidos en materia de seguridad, aunque sin respaldar una acción armada directa en territorio nacional.
En el plano social, la discusión ha profundizado la polarización, especialmente entre comunidades migrantes, colectivos juveniles y sectores afectados por la violencia. Especialistas advierten que este clima puede erosionar la confianza en las instituciones y alimentar narrativas de miedo si no se canaliza mediante diálogo público y políticas de seguridad con enfoque regional.
Finalmente, expertos en relaciones internacionales coincidieron en que el caso venezolano reabre un debate pendiente en México: cómo enfrentar problemas como el narcotráfico sin ceder soberanía ni depender de soluciones militares externas, en un contexto geopolítico cada vez más tenso en el continente.
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