El operativo fue encabezado por la administración de Alessandra Rojo de la Vega y tuvo como argumento central la necesidad de garantizar el libre tránsito de peatones. La demarcación sostuvo que algunos de los scooters fueron colocados sin que la alcaldía fuera consultada previamente sobre los puntos de operación.
Entre los sitios donde fueron localizados se encuentran las inmediaciones de la Fuente de Cibeles y el Parque México, zonas con alta afluencia peatonal y actividad comercial. De acuerdo con la información difundida sobre el operativo, algunos vehículos habrían sido instalados presuntamente en el contexto de actividades relacionadas con el Mundial, aunque la alcaldía señaló que no contaban con su visto bueno.
Para el 19 de agosto, la autoridad de Cuauhtémoc reportó que el número de unidades retiradas rondaba los 200. La medida coloca nuevamente en el debate la regulación del transporte individual eléctrico y la necesidad de establecer criterios claros para su estacionamiento, operación y despliegue en espacios públicos.
La alcaldía también cuestionó la forma en que se implementaron estos servicios y planteó que los proyectos de movilidad que impactan directamente las calles y banquetas deben considerar a las comunidades donde serán instalados. El argumento apunta a una tensión entre la expansión de alternativas de movilidad y la obligación de mantener libres los espacios destinados al tránsito peatonal.
El retiro, sin embargo, no significa necesariamente el rechazo definitivo a los scooters eléctricos. La propia administración local manifestó disposición para dialogar con las empresas operadoras con el objetivo de revisar las condiciones del servicio y encontrar mecanismos que permitan su permanencia ordenada en la vía pública.
El caso también evidencia uno de los principales retos de la movilidad compartida en zonas densamente urbanizadas: integrar nuevos medios de transporte sin trasladar sus costos de operación al espacio peatonal. La falta de lugares específicos para estacionamiento puede generar conflictos entre usuarios, empresas, autoridades y residentes.
Desde una perspectiva de política urbana, el desafío será definir reglas transparentes sobre permisos, ubicación de puntos de servicio, estacionamiento y responsabilidades de las compañías operadoras. Sin estos criterios, los operativos de retiro pueden convertirse en respuestas posteriores a los conflictos, en lugar de formar parte de una estrategia preventiva de movilidad.
La discusión sobre los scooters ocurre en un contexto en el que la Ciudad de México busca ampliar las opciones de transporte sustentable y reducir la dependencia del automóvil. No obstante, cualquier expansión de estos servicios requiere compatibilizar la movilidad con el derecho de los peatones a utilizar banquetas y espacios públicos de manera segura y continua.
La alcaldía Cuauhtémoc dejó abierta la posibilidad de alcanzar acuerdos con los operadores, por lo que el siguiente paso será determinar bajo qué condiciones podrían continuar funcionando estos vehículos. El reto será que la regulación permita aprovechar sus beneficios como alternativa de movilidad, sin convertir banquetas y espacios públicos en áreas de estacionamiento improvisadas.