Ricardo Mejía Berdeja, diputado federal del Partido del Trabajo, acusó al gobierno de Coahuila de intervenir en el caso penal de Tania Flores Guerra para evitar que la exalcaldesa de Múzquiz enfrente el proceso fuera de prisión.
En conferencia de prensa desde la Cámara de Diputados, Mejía afirmó que el gobernador Manolo Jiménez encabeza una presunta estructura de persecución política que alcanzaría a instancias judiciales locales y federales. Sus dichos fueron presentados como denuncias del legislador.
El diputado explicó que Flores Guerra permaneció más de dos meses bajo prisión preventiva. Sostuvo que la investigación en su contra fue construida por una fiscalía subordinada a intereses políticos y que el caso ha estado marcado por misoginia y violencia de género.
Según el relato de Mejía, el 23 de agosto un juzgado de distrito ubicado en Hidalgo concedió una suspensión provisional. La resolución indicaba que un juez de control debía convocar, dentro de un plazo de 24 horas, a una audiencia para sustituir la prisión preventiva.
Sin embargo, afirmó que la notificación no fue diligenciada oportunamente. Señaló por nombre a los jueces de distrito Héctor Gastón Solórzano Valenzuela y Abril González Velázquez como responsables de obstaculizar el exhorto judicial.
Agregó que el juez local Alberto Jacobo Camacho Cepeda recibió posteriormente el documento por mensajería, pero no habría cumplido la orden en el plazo señalado. Para Mejía, estas conductas forman parte de una operación coordinada desde el gobierno estatal.
Ante esa situación, anunció que mantendrá las demandas de juicio político contra el gobernador, el fiscal general de Coahuila y el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Además, informó que presentará quejas ante el Tribunal de Disciplina Judicial por la actuación de juzgadores federales.
Durante la conferencia, en la que estuvo acompañado por el diputado Fernando García, Mejía también cuestionó la destitución temporal del legislador local Antonio Flores. El Congreso estatal justificó la medida por presuntas inasistencias, argumento que el petista consideró irregular.
El legislador sostuvo que documentos y videos oficiales mostrarían que las ausencias de Antonio Flores habían sido justificadas. También rechazó la decisión de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral y dijo que será recurrida ante la Sala Superior del TEPJF.
Mejía amplió sus críticas al manejo de la seguridad en Coahuila. Habló de decomisos de combustible ilícito, consumo de cristal, violencia familiar, extorsiones contra migrantes y robos a trenes, y atribuyó esos fenómenos a omisiones de las autoridades estatales.
Las acusaciones contra el gobernador, fiscales, jueces y otras autoridades corresponden a la postura pública expresada por Ricardo Mejía. La eventual responsabilidad de las personas señaladas deberá determinarse por las instancias competentes.