Por Juan Pablo Ojeda
La estadística de personas desaparecidas en México mantiene una tendencia ascendente, alcanzando la cifra de 133 mil registros históricos, concentrados mayoritariamente en las últimas dos décadas. La semana pasada, un grupo de voluntarios localizó una fosa séptica con fragmentos óseos y piezas dentales humanas en el rancho Izaguirre, ubicado en el estado de Jalisco, un inmueble previamente vinculado a las operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El hallazgo forense documentado en el terreno contrasta con las métricas de pacificación presentadas por el gobierno federal. La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum reporta una disminución comprobable del 41% en la tasa de homicidios dolosos a nivel nacional; sin embargo, los índices de desaparición muestran una trayectoria inversa, habiéndose duplicado sostenidamente desde el año 2016 hasta la fecha.
La catalogación oficial de la infraestructura criminal en Jalisco ha sido objeto de revisión por parte de los colectivos. Las autoridades mexicanas mantenían el registro del rancho Izaguirre bajo la clasificación de «campo de entrenamiento para reclutas», a pesar de los hallazgos previos de calzado y restos calcinados en el perímetro. La nueva excavación en la fosa séptica redefine el uso operativo del predio.
El investigador Fernando Escobar, representante de la organización ciudadana Causa Común, emitió un análisis técnico sobre el manejo de las bases de datos federales. Escobar determinó que, ante la ausencia de una metodología transparente y sujeta a verificación externa, las conclusiones gubernamentales sobre la disminución general de la violencia resultan insostenibles frente a la evidencia material de las fosas clandestinas.
A nivel internacional, el cruce de datos generó un dictamen del Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El informe emitido este mes clasifica las desapariciones en territorio mexicano como un fenómeno «generalizado y sistemático», señalando una alta frecuencia de complicidad por parte de servidores públicos en las cadenas de custodia y procuración de justicia.
El impacto estadístico documentado recientemente por The New York Times expone la correlación entre las estructuras del crimen organizado y la incapacidad de los aparatos forenses estatales. La brecha entre el número de denuncias por desaparición y la tasa de identificación genética continúa ensanchándose, obligando a los civiles a asumir las tareas de exhumación primaria.
La administración federal insiste en que las métricas de éxito en materia de seguridad no deben ser desestimadas. No obstante, mientras la curva de homicidios muestra una compresión, la acumulación incesante de expedientes de búsqueda no resueltos y la aparición semanal de nuevos depósitos clandestinos dictan una crisis logística y humana que los números oficiales no logran encapsular.
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